Editorial | Un ‘impuesto’ ilegal a la productividad

La crisis energética, que tuvo un efecto masivo y directo en los hogares, logró en los últimos meses dejar en segundo plano la lucha contra la inseguridad, que de forma silente ha fortalecido sus bases con la extorsión o las llamadas ‘vacunas’, que no son otra cosas que un ‘impuesto’ ilegal no declarado que, con nulo control, cada vez ganan terreno.

Las bandas criminales, tal parece, han logrado su objetivo: el sembrar temor y demostrar a la gente, que ante la ausencia de un sistema policial y judicial fortalecido, tienen mayor autoridad que el mismo Gobierno. De lo contrario, no escucharíamos a diario las quejas de propietarios de pequeños y medianos negocios que, al no tener un blindaje como los grandes, deben caer, en las garras de extorsionadores que, bajo amenazas de muertes, obligan a realizar estos pagos con tal descaro. El gobierno ha izado como bandera su lucha contra las muertes violentas que deja el crimen organizado, pero olvida esta otra batalla que implica igual riesgo para la vida de muchas personas y para la economía, de la que dependen millones de hogares. Tener que pagar una vacuna implica tener que encarecer los costos operativos y de producción de cualquier negocio, con efectos que tocan el corazón de la competitividad. Combatir la inseguridad sin métodos integrales es proponerse a no ganar la pelea.