Editorial | No más jueces desconocidos

Los países civilizados suelen tener en sus altas cortes a personajes que ahí coronan prestigiosas carreras. Y más allá de naturales errores, regla general es que allá llegan juristas a toda prueba, reconocidos socialmente por sus méritos. Esa es la probidad notoria que exige la ley.

Regla general en el mundo civilizado es también que los magistrados de altas cortes sean designados por consenso entre los poderes políticos. Sin que la fórmula sea infalible, muy usado es que el Ejecutivo proponga y el Legislativo apruebe, no sin antes severos exámenes sobre sus antecedentes.

Pero en el Ecuador de la ficción de lo políticamente correcto, muy propio de la moda ‘woke’, se abandonó ese sistema. Se entró en la mentira de los concursos, en los que cualquier descalificado se presenta, y a guisa de no tener sentencia ejecutoriada en su contra puede llegar a estar entre los jueces más importantes de la República. Eso, por no abundar en la otra mentira de los evaluadores, que resultan más desconocidos que los candidatos. Los resultados están a la vista: la Corte Nacional de Justicia está plagada de gente solo con título de abogado, pero desconocida y hasta sospechosa de recibir dádivas de todo tipo, o de dedicarse a escarcear parcelas de poder.

Un acuerdo mínimo que la gobernabilidad del país requiere es que las fuerzas políticas saquen sus manos de lo Judicial. Ningún poder debe manejar las Cortes. Esa renuncia colectiva, parecen no entenderlo, redundará no solo en beneficio de la nación toda, sino en el de los políticos que se dicen perseguidos.