Editorial | Sin luz y con pocas luces
Si en esta emergencia se quiere incentivar al sector privado a invertir recursos, lo mínimo es que el Estado dé su garantía
Resulta inexplicable que la Comisión presidida por una legisladora oficialista, en el informe para primer debate del proyecto de ley urgente presentado por el presidente de la República en materia eléctrica, haya mutilado la facultad de que los pagos que deban hacer las empresas públicas de distribución de energía a las empresas privadas que inviertan en la también urgente generación eléctrica, puedan estar respaldados por garantías emitidas por el Estado o por fideicomisos específicos.
El sector público ecuatoriano es inveterado incumplidor de sus obligaciones contractuales. Y si en una emergencia, como la que hoy sufrimos todos, en verdad se quiere incentivar que el sector privado invierta en generación eléctrica con recursos propios, lo mínimo que puede dar el Estado es su garantía de que los pagos se harán completos, a tiempo y sin corrupción.
Es también inexplicable la limitación que se intenta poner al tamaño de los proyectos privados de generación. Según la propuesta presidencial, estos pudieran hacerse -así no estén en el Plan Maestro de Electricidad- si no superan los 100MW. En una situación caótica como la actual, que sin duda es de excepción, la Constitución no pone cortapisas, por lo que debiera eliminarse todo límite. Pero en la Asamblea quieren hacerlo más gravoso.