Editorial: Poner la lupa en seguros de entidades estatales

Las irregularidades que la Fiscalía todavía investiga sobre la millonaria póliza de Petroecuador, dada de baja por posibles actos de corrupción, debieron encender las alarmas y, bajo otras instancias, ampliar el radar de investigación. Obligar a las autoridades a esclarecer la forma como, de manera general, se estarían adjudicando los seguros para proteger los innumerables activos de entidades públicas.

Lo de la petrolera estatal debería levantar sospecha sobre posibles atracos que se podrían cometer contra el fisco a través de la asignación de jugosos contratos. En el país nos seguimos preguntando cómo es posible que se celebren transacciones aun sin tener o actualizar un inventario técnico sobre los bienes que se deben asegurar, o lo que es peor, que estas pólizas lleguen a contratarse, incluso existiendo inconsistencias en los documentos que se entregan en el proceso.

Ninguna autoridad se refiere al respecto, ni demuestra estar haciendo lo suyo por cuidar los bienes del Estado. En Ecuador, donde sabemos que existe un flexible o inexistente control, el cual es su talón de Aquiles, es pertinente revisar los convenios firmados con empresas públicas que tienen consigo cuantiosos bienes en custodia, como CNEL o CNT. Estamos hablando de preservar recursos públicos en un país que los necesita desesperadamente.