Editorial: La prorrogación no puede ser la norma

Es larga la lista de autoridades de control de Ecuador que se encuentran prorrogadas en sus funciones, lo que solo evidencia una vez más que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cpccs, responsable de sus nombramientos, es una anomalía constitucional que perjudica a la institucionalidad del país. Su ‘modus operandi’ consiste en dilatar los procesos para la renovación de autoridades que están por cumplir los periodo para los que fueron designados, manteniendo al país congelado en medio de irregularidades, pugnas partidistas y cálculos políticos.

Este martes acaba el período de la fiscal general y su sucesor aún no ha sido elegido. El Cpccs apenas está en la fase de inducción de los ciudadanos que vigilarán el concurso y el proceso de elección solo podrá arrancar una vez designada la comisión ciudadana de selección, por lo que una nueva prorrogación es ya un escenario inminente.

El país no puede resignarse a que se normalice la figura de la prorrogación en funciones de sus autoridades por la incapacidad de un organismo como el Cpccs para cumplir eficientemente su labor, básicamente por la injerencia política en él de grupos que buscan tomarse el poder a toda costa. Es por tanto inevitable e impostergable el buscar la vía para reformar la Constitución y así poder eliminar a este ente inoperante o al menos limitar sus facultades.