Editorial | Radares:¿saqueadores de autopistas?
Es hora de que las autoridades dejen de ver a los conductores como fuentes de ingresos y empiecen a tratarlos como ciudadanos
La clausura de radares de alta velocidad ha desatado una controversia que va mucho más allá de la simple calibración de estos dispositivos. Aunque el argumento inicial de las autoridades para retirarlos se centró en su mal funcionamiento, la situación es mucho más turbia. Estamos ante un entramado de contratos dudosos, consorcios involucrados en maniobras de dudosa transparencia y procesos licitatorios que parecen haber ignorado los principios básicos de la legalidad.
Detrás de estas máquinas que se colocan con la promesa de reducir accidentes de tránsito y mejorar la seguridad vial se esconde una operación con claros tintes de saqueo institucionalizado. No es casualidad que la Contraloría haya iniciado una auditoría.
Como si no fuera suficiente el hecho de que muchos ciudadanos hayan sido injustamente multados, ahora se les pide que se adentren en un engorroso proceso burocrático para reclamar por lo cobrado. Y aquí surge el colmo de la ironía: el mismo ministro de Transporte admite que las multas tienen un plazo para ser impugnadas.
Las malas prácticas contractuales deben ser desmanteladas, y las multas ilegítimas, anuladas. Solo así se podrá recuperar la confianza en un sistema que parece haber sido diseñado para lucrar a costa del ciudadano común.