Editorial: Una voz del orden a falta de muchas

Guardián de la ley y del orden. La Corte Constitucional se ha erigido, para algunos, en el último reducto de la moral en el quehacer de lo público, en cuyas manos recaen los problemas y peleas casi de toda índole, incluso políticas, que la clase política o la justicia no pueden o no quieren resolver. Parece normal, pero no debe ser así. El respeto al orden y a la ley es una obligación de todos los ciudadanos, independientemente de si se labora en el sector público o privado.

Que esta responsabilidad de dirimir peleas y problemas —algunos sin sustancia— recaiga en una sola institución provoca que esta distraiga sus esfuerzos y no canalice sus decisiones en problemas también importantes para el país. Pese a que sus decisiones son jurídicas y basadas estrictamente en la Constitución y la ley, llevar a este pleno temas con trasfondo político puede llegar a empañar su misión dentro del engranaje del sistema jurídico ecuatoriano.

Las Funciones del Estado deben empezar a trabajar para los ciudadanos que pagan sus salarios y dejar de tramar jugarretas que solo debilitan la institucionalidad del país y lanzan una pésima cara del país al interior y exterior. ¿Para qué tener un guardián de la ley y el orden en el país, cuando es una obligación de todos cuidar el buen nombre del país y de su institucionalidad?