Indiferentes ante la corrupción

Los escándalos de corrupción que han estallado en España tienen al gobierno de ese país al borde del colapso. El último episodio lo protagoniza un exministro, que fue colaborador del actual presidente del gobierno, y está relacionado con los beneficios que supuestamente sacó de la venta de mascarillas durante la pandemia, asunto que envuelve también a otro miembro del gabinete. El escándalo volvió a incluir en la agenda política española la polémica reunión que mantuvo ese exministro en el aeropuerto de Madrid hace cuatro años con la vicepresidente de Venezuela, quien tenía prohibida la entrada a territorio europeo por sanciones impuestas al gobierno venezolano. A todo ello se suma el caso de la esposa del presidente del gobierno español por trámite de subsidios gubernamentales para empresas con las que trabajaba.

Pese a que también existe un deterioro de la calidad de la democracia en España, sus instituciones están demostrando que aún tienen fuerzas para impedir que triunfe la impunidad. Todo lo contrario a lo que ocurre en nuestro país, donde la ineficiencia de las instituciones judiciales y políticas, e incluso la permisividad de la sociedad, favorecen la corrupción. Los casos quedan en el limbo o se sanciona solo a la parte más débil de los implicados. Pero no generan consecuencias judiciales ni políticas. Ni siquiera escarnio social.