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En un operativo de control en zona minera del cantón Ponce Enriques la policía y Fuerzas Armadas fueron recibidos con disparosCORTESÍA

Antisociales se atrincheraron en un campo minero de Ponce Enríquez

El hecho ocurrió durante un operativo de control antidelincuencial que se ejecutó el pasado fin de semana

Dos hombres fueron detenidos durante un operativo de control en la comunidad de Bella Rica, en el cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay.

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El personal de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas fueron recibidos con disparos por parte de un grupo de más de 10 personas que se encontraban atrincheradas en un supuesto campo minero que era utilizado por grupos de delincuencia organizada.

Tras el cruce de balas se emprendió una persecución y las autoridades lograron la detención de dos ciudadanos identificados como: Justin Jammuar Bravo, de 17 años; y Javier Eduardo Suárez Angulo, de 22 años.

Además, en el campo minero se incautaron otros indicios relacionados a actividades ilegales: dos pistolas 9 milímetros, dos revólveres artesanales, dos escopetas, una subametralladora artesanal, cinco alimentadoras de diferentes calibres, 500 municiones de diferentes calibres, armas blancas, 15 celulares, relojes y dinero en efectivo.

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Dos ciudadanos fueron detenidos luego de una persecución y cruce de balas que ocurrió durante el operativo de controlCORTESÍA

Estado de excepción

Este operativo se da en medio del estado de excepción focalizado que rige en la zona debido al asesinato del alcalde José Sánchez, ocurrido el 17 de abril, y un ataque armado en una cancha de fútbol que dejó cuatro personas asesinadas.

Este diario intentó obtener una entrevista con la alcaldesa del lugar para conocer la situación real y las acciones de seguridad que se están tomando; sin embargo, desde el departamento de comunicación se indicó que por seguridad de las autoridades no se abordan estos temas.

Pablo Guachamín, comandante de la Subzona Azuay de la Policía Nacional, aseguró que el cantón azuayo se ve afectado por una aparente disputa de territorio por parte de los grupos delictivos por estar en medio de dos provincias (Guayas y El Oro) con graves problemas de seguridad y con alto índice delincuencial.

Justificó que las autoridades se nieguen a dar entrevistas al ser considerados un “blanco perfecto” para delitos como secuestros y extorsión y que por eso prefieren “mantener un perfil bajo”.

El jefe policial destacó que en las dos últimas semanas no se han registrado muertes violentas o hechos como los ataques armados y descartó que Ponce Enríquez sea una trinchera de grupos delincuenciales. “Las investigaciones y los datos no nos permiten reconocer que en el cantón azuayo se hayan asentado los GDO”, puntualizó.

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Se incautaron armas de fuego, municiones de diferente calibre, dinero en efectivo y otros indicios de una concesión mineraCORTESÍA

Minería ilegal

Para el gobernador del Azuay, Santiago Malo, la minería ilegal da margen y es el origen de los brotes delincuenciales en el cantón azuayo.

El funcionario explicó que las acciones para contrarrestar esta actividad deben ser estratégicas para lograr la captura de quienes se dedican a la extracción ilegal de los materiales.

“Nos ha pasado, por ejemplo, en Pucará, que al momento de ejecutar el operativo no hemos encontrado a nadie en el sitio. Se incautó la maquinaria, el material extraído, armas y herramientas”, explicó Malo.

El coronel Francisco Contreras, jefe de operaciones de la Tercera División Ejército Tarqui, aseguró que la principal preocupación en el territorio de Ponce Enríquez es la minería ilegal que se ha extendido por diferentes sectores y el control de las bocaminas donde se han localizado maquinaria e insumos para el trabajo subterráneo.

Para el ingeniero en minas e investigador docente de la Universidad del Azuay, Fernando Valencia, se deben generar métodos de control más eficientes dado que la minería ilegal es un “claro perjuicio para el Estado”.

La Comisión de Biodiversidad incluirá a Sigsig en el proceso de fiscalización, que ya ejecuta sobre otros cantones.

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“Los grupos calificados como terroristas por el Gobierno han escogido esta actividad porque les ayuda a generar recursos de forma rápida y es perfecta para el lavado de dinero”, puntualizó.

El docente explicó que para combatir a la minería hay que entender que es una industria básica y que muchas otras actividades productivas dependen de los materiales extraídos de la naturaleza.

También se refirió a que la ilegalidad gana terreno en el Ecuador mientras se sigue sosteniendo la discusión entre quienes están a favor y en contra de la explotación minera.

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