Durante el operativo ejecutado en noviembre de 2023
Durante el operativo ejecutado en noviembre de 2023Gloria Taco

Exdirectora de la judicatura de Cotopaxi fue llamada a juicio

Seis implicados en el caso "Lex" también están llamados a juicio.
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El 16 de julio se llevó a cabo la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, donde el Fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción presentó los elementos de convicción que evidenciaban la comisión del delito. La investigación reveló la presunta participación de un servidor de la Fiscalía, funcionarios del Consejo de la Judicatura de Cotopaxi y particulares en una red de corrupción dedicada al tráfico de influencias en procesos judiciales y contratación de personal para la función judicial en Cotopaxi, con el fin de obtener beneficios económicos y favorecer a terceros.

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Entre los acusados que fueron llamados a juicio se encuentran Patricia Veintimilla, quien era directora del Consejo de la Judicatura de Cotopaxi durante los hechos, dos exfuncionarios judiciales, incluida una amiga de la directora supuestamente intermediaria en actos corruptos, así como un exfuncionario de la Fiscalía de Cotopaxi que renunció tras ser procesado en este caso, y un funcionario judicial del área de talento humano.

ANTECEDENTES

El operativo "Lex", realizado el 14 de noviembre de 2023, condujo a la detención de cinco de los acusados y se llevaron a cabo treinta y un allanamientos en propiedades ubicadas en Pichincha y Cotopaxi, incluyendo la Fiscalía de Pujilí y el Complejo Judicial de Cotopaxi. Durante estas acciones, las autoridades incautaron dinero en efectivo, celulares, laptops, dispositivos de almacenamiento electrónico y armas de fuego como evidencia.

El caso tuvo un punto de inflexión el 15 de noviembre de 2023, cuando el fiscal formuló cargos contra cinco personas por presunto tráfico de influencias. La investigación se inició el 22 de febrero de 2023, tras una denuncia presentada ante la Dirección de Transparencia en la Gestión de la Fiscalía General del Estado.

El delito de asociación ilícita, según el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal, conlleva una pena privativa de libertad que puede variar entre tres y cinco años.

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