Las fiestas de San Cristóbal se ven amenazadas por altos costos y extorsiones
El Municipio de Quevedo exige $ 12.000 por el alquiler de terrenos; y las bandas criminales piden $ 10.000
Las fiestas patronales de San Cristóbal están por comenzar en la parroquia urbana San Camilo, en la ciudad de Quevedo. Decenas de personas se preparan para disfrutar de un gran número de eventos que se tienen previstos para los próximos días, desde el 2 al 4 de agosto, y que culminarán con un espectáculo pirotécnico a gran escala en la avenida Guayaquil.
Sin embargo, el pasado martes, agentes del Municipio clausuraron los juegos mecánicos debido a que estaban ubicados en terrenos que pertenecen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), por falta de pago de permisos de funcionamiento. Dueños de estas atracciones alegaron que estos montos eran excesivos y que no podrían costearlos. El año pasado, el cobro por el espacio para cinco parques de atracciones fue de $6,000, mientras que este año el Cabildo les ha solicitado casi $12,000 por tres parques.
Uno de los dirigentes del lugar, Miguel Calero, refirió que la situación se volvió caótica para ellos cuando se enteraron de la tasa que tenían que cancelar. A esto se suma que no habrían llegado tantos juegos mecánicos. “Nosotros estamos dispuestos a pagar de 6 mil hasta 7 mil dólares, eso nos merma nuestra economía y esperamos que estos pagos no nos afecten”, comentó Calero. Añadió que la única forma para que la multa sea levantada es pagar el monto solicitado, acción que acataron.
El Cabildo asegura que sus acciones están justificadas
Por su parte, el director de Control Municipal y Vía Pública, Miguel Gómez, explicó que una vez comenzó la instalación de los carruseles, los agentes de esta dirección notificaron a los trabajadores del punto que debían pagar este monto. Al no ser cancelado, fueron clausurados.
El alcalde de Quevedo, Alexis Matute, aseguró que estas acciones son legales. Alegó que los valores tan bajos del festival pasado se deben a tratos ilegales de administraciones previas, y que la gestión actual cumple con los parámetros estipulados.
A esto se suma que ellos no pagan únicamente al Cabildo por el uso del suelo; las bandas criminales también son otros de los dueños de estas tierras. Trabajadores de estas atracciones, quienes por temor a represalias pidieron no ser identificados, indicaron que los antisociales les exigen $10,000. Uno de ellos relató que cuando llegaron por primera vez los extorsionadores a solicitar estos valores, su primera acción fue agredirlos para que no denuncien a la Policía.
