¿Qué está pasando en Napo? Esto es lo que se sabe de las violentas protestas
Las comunidades indígenas llevan ya 11 días en resistencia frente al Gobierno nacional
En las últimas horas, la provincia de Napo ha sido escenario de intensas protestas lideradas por comunidades indígenas y organizaciones sociales que rechazan la construcción de un nuevo centro carcelario en el cantón Archidona.
Bajo el lema "¡Vida, no cárceles!", los manifestantes tomaron la noche del jueves 12 de diciembre de 2024 la Gobernación de Napo, ubicada en Tena, la noche del 12 de diciembre, como parte de una movilización más amplia contra la cárcel que el Gobierno tiene previsto ejecutar en territorio amazónico.
Daniel Noboa encarga a empresas chinas la construcción de sus obras más costosas
Leer másLa principal preocupación de los manifestantes radica en la ubicación de este centro penitenciario, que consideran no solo un riesgo para la seguridad, sino una amenaza a la paz y la convivencia de las comunidades.
¿Cuándo se originó el conflicto?
El proyecto de esta obra se publicó el 25 de noviembre en el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). Sin embargo, el 3 de diciembre las comunidades se enteraron que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) adjudicó el contrato para la construcción de la cárcel a la empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras del Grupo Puentes, una filial de la China Road And Bridge Corporation.
El contrato, que asciende a $52 millones, fue declarado confidencial, lo que generó más desconfianza entre los opositores, que temen que este proyecto traiga consigo mayores problemas sociales, como la violencia y la corrupción.
La resistencia se expande a otros territorios amazónicos.
El proyecto no solo ha suscitado el rechazo de las comunidades de Napo, sino que ha extendido la protesta a la vecina Pastaza. Líderes indígenas de esa provincia, como Pablo Santi, han expresado su solidaridad y han señalado que esta lucha es más grande que la construcción de una prisión.
"No se trata solo de una cárcel, sino de un modelo que ignora nuestras voces y derechos", declaró Santi. Las manifestaciones se han desarrollado desde hace 11 días, con comunidades que bloquean vías y se mantienen firmes en su rechazo.
Gobernador de Napo reacciona
El flamante gobernador de Napo, Gary Rivadeneyra, reconoció en una entrevista radial que la situación en la provincia se ha mantenido en "relativa calma" luego de los hechos de la noche del 12 de diciembre, aunque las protestas siguen siendo una preocupación.
Gary Rivadeneyra
"El día de hoy hay alrededor de 20 manifestantes afuera de la Gobernación ayer habían unas 1 000 personas", mencionó Rivadeneyra, quien informó que las principales vías de acceso siguen bloqueadas y que se están tomando medidas para asegurar que la ayuda humanitaria y los suministros lleguen a las zonas afectadas.
A pesar de los esfuerzos para evitar enfrentamientos, Rivadeneyra también sugirió que las protestas tienen un "claro tinte político", asegurando que algunos actores locales están utilizando la situación para ganar protagonismo de cara a las próximas elecciones. "Detectamos varios alcaldes, asambleístas, políticos que están detrás de todo esto”, aseguró.
La cárcel en Archidona: ¿una solución a la crisis penitenciaria?
Las obras de la cárcel de máxima seguridad avanzan bajo reserva
Leer másEl gobierno sostiene que la nueva cárcel en Archidona no será un centro de máxima seguridad para más de mil reos, como afirman algunos opositores, sino que albergará a unos 800 detenidos. El proyecto busca aliviar la crisis en el sistema penitenciario, reduciendo la mezcla de reclusos de delitos graves con aquellos de menor gravedad.
Según Rivadeneyra, la intención es mejorar las condiciones de seguridad en la región, tras varios incidentes de amotinamientos y fugas en el actual centro penitenciario de Archidona, que se encuentra en condiciones precarias.
Sin embargo, para muchos habitantes de Napo, la construcción de la cárcel sigue siendo una amenaza a su territorio ancestral. Las comunidades amazónicas exigen ser escuchadas y denuncian que el proyecto de la cárcel es una imposición que no toma en cuenta sus preocupaciones
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