Quito

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Las agrupaciones políticas que participaron en la segunda vuelta electoral tienen diez días laborales para retirar su publicidad del espacio público .archivo

Este es el plazo para retirar propaganda electoral de las calles de Quito

Estas son las multas en Quito por no retirar propaganda electoral, fecha límite será el 29 de abril

Tras la jornada electoral del pasado domingo 13 de abril de 2025, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) recordó a los partidos y movimientos políticos que tienen hasta el 29 de abril —diez días laborables— para retirar toda la publicidad electoral ubicada en el espacio público del Distrito Metropolitano de Quito.

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La medida responde al cumplimiento de la normativa municipal, que regula los tiempos y condiciones bajo los cuales se permite la colocación de propaganda electoral en el espacio urbano. Una vez vencido el plazo, la AMC desplegará inspecciones en diversos sectores de la ciudad para verificar que no permanezca material publicitario fuera del tiempo legalmente establecido.

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Control y sanciones

Las inspecciones tendrán como prioridad detectar la permanencia indebida de propaganda electoral, una práctica que, además de estar fuera del marco legal, afecta la imagen urbana, genera contaminación visual y deteriora el entorno público.

La normativa vigente autoriza la instalación de publicidad electoral en espacio público solo si se cumplen ciertos requisitos: debe respetar una norma técnica específica, no puede estar adherida al mobiliario urbano (como postes, semáforos, bancas o paradas de transporte) y debe contar con permisos temporales emitidos por la autoridad competente.

El incumplimiento de estas disposiciones no solo representa una falta administrativa, sino que también puede derivar en multas económicas importantes. Las sanciones ascienden a dos salarios básicos unificados, es decir, 940 dólares. Si la infracción ocurre en zonas patrimoniales, el valor de la multa se duplica, llegando a 1.880 dólares.

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Incumplimientos detectados en la primera vuelta

Durante la primera vuelta de las elecciones generales, celebrada en febrero, la AMC ya había identificado irregularidades en la colocación de publicidad política. En ese contexto, el organismo elaboró 30 informes técnicos y notificó a ocho organizaciones políticas por el uso indebido del espacio público.

Sin embargo, la AMC informó que el acatamiento fue escaso: solo uno de los partidos o movimientos notificados respondió formalmente a los informes y procedió a corregir su conducta, retirando los elementos en infracción. Esta acción se llevó a cabo conforme a lo estipulado por el Código Orgánico Administrativo (COA), que establece procedimientos para subsanar infracciones sin llegar a sanciones mayores si hay una respuesta oportuna y correctiva.

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