El aeropuerto es sitio de disputa para taxis formales e informales

Son las 17:45 y un avión está por arribar al aeropuerto Mariscal Sucre, ubicado en Tababela. Según los cálculos de Edison Paucar, cerca de un centenar de pasajeros bajarán del vuelo que llega del Puerto Principal, y al menos uno significará una carrera a Quito o Cumbayá.

Pero lo que parecería una transacción sencilla se ha vuelto infinitamente más compleja, al menos desde que los pleitos entre los taxistas informales, como él, y las cooperativas formales empezaron. Ahora, ingresar a la terminal aérea requiere ciertas precauciones, entre las cuáles están la de avisar al pasajero que esté pendiente de la placa y que se suba en el asiento de adelante, como lo haría un familiar o un amigo.

“La situación se ha vuelto muy difícil. Cuando los taxis amarillos ven que estamos trabajando por aplicación nos increpan, nos insultan y hasta nos atacan entre varios”, asegura.

En los últimos dos meses, tres grescas entre ambos bandos se han registrado en vídeos viralizados a través de las redes sociales, pero conductores en ambos bandos afirman que estas son solo las disputas que han llegado a los puños, pues a diario, la tensión verbal escala entre ellos.

En la pugna por el derecho de calle, la terminal aérea se ha convertido en el epicentro del conflicto, incentivado por los altos costos de traslado desde el sitio hasta la urbe, que fluctúan entre los $ 18 y $ 22.

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Miguel Vega, presidente de la cooperativa de Taxis del Aeropuerto asegura que los agitadores son los conductores informales. “Nosotros tenemos una cooperativa legal y establecida, autos con títulos habilitantes y papeles en regla. No es posible que se permita el ingreso de personas que no han hecho ningún tipo de inversión en sus vehículos y no tienen los documentos adecuados”, asegura.

En agosto, Vega y otros miembros del taxismo formal realizaron varias protestas en la Plaza Grande para instar al Cabildo a frenar el avance de los taxis por aplicación.

Carlos Brunis, presidente de la Federación de transporte terrestre de Pichincha indicó que el gremio no busca la eliminación de las apps, pero sí que se regularicen. “No estamos pidiendo que se les prohíba trabajar, pero sí que cuenten con títulos habilitantes”, señala.

La situación, sin embargo, se hizo aún más compleja la semana pasada, cuando la Corte Constitucional aceptó parcialmente una acción de inconstitucionalidad presentada en contra del artículo 386 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que establece sanciones a conductores que brindan servicio de taxi en vehículos que no cuentan con autorización para hacerlo.

Según la entidad, el artículo es “contrario al principio de mínima intervención penal, derecho al trabajo y derecho a la libertad de empresa y libertad de contratación”, por lo que la Asamblea Nacional deberá emitir las regulaciones necesarias para que los vehículos puedan regularizarse.

Para Brunis, la decisión es inaceptable. “No es posible que se les dé vía libre a los conductores informales. La propia corte le está exhortando a la Asamblea que desarrolle una regulación. Nosotros, mientras tanto, estaremos vigilantes”, aseguró.

Por su parte, Pablo Garcés, presidente de la Asociación de Apps del Ecuador, aplaudió la decisión y aseguró que trabajarán de la mano del Cabildo para llegar a acuerdo locales que beneficien a los usuarios.

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Más controles para evitar grescas

Según David Arguello, coordinador de operaciones de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), desde enero hasta la emisión de la Corte Constitucional, la entidad sancionó a 1,289 conductores por dar servicio de taxi sin los documentos adecuados.

Mientras se resuelve la normativa, no obstante, la entidad ha incrementado los controles a la altura de la terminal aérea con el fin de que el servicio de transporte se lleve a cabo de manera óptima, sin afectar a los pasajeros. “De acuerdo a las solicitudes que hemos recibido, estamos llevando a cabo controles permanentes para evitar nuevos incidentes”, señaló el funcionario. 

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