Alarmas comunitarias en el limbo, mientras la inseguridad asfixia a Quito
Barrios de Quito aún no cuentan con alarmas comunitarias. Estos dispositivos fueron retirados por ser obsoletos
La noche del jueves 22 de agosto de 2024, un taxista que circulaba por las calles Ramón Pacheco y Juan Obando, en el sector de El Placer, centro de Quito, fue víctima de un asalto perpetrado por cuatro delincuentes. El incidente, ocurrido en horas de la noche, quedó registrado en las cámaras de seguridad que los vecinos han instalado por autogestión. Tras cometer el delito, los atacantes huyeron a través de unas escalinatas, escondiéndose entre los matorrales.
Washington Chiluisa, presidente del barrio, explica que las cámaras y el chat comunitario se han convertido en las únicas herramientas con las que cuentan los vecinos para alertar sobre hechos delictivos. La falta de apoyo por parte de las autoridades locales se hace evidente, ya que, según el dirigente, el Municipio retiró las alarmas comunitarias que habían sido instaladas en el sector.
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“Nos colocaron cuatro alarmas, pero fueron retiradas en enero de este año sin previo aviso”, comenta. El aparato forma parte del grupo de las 55 que se quitaron en sectores como Toctiuco, Carmen Alto, La Ecuatoriana, San Bartolo, Colinas del Sur, entre otros.
Los vecinos, vista la necesidad de protegerse ante la ola de delincuencia, han invertido 1.300 dólares para colocar seis cámaras en puntos críticos, como las escalinatas, la calle Ramón Pacheco y varios pasajes del sector.
Sin embargo, la ausencia de las alarmas comunitarias sigue siendo una gran preocupación. “Han pasado ocho meses y aún esperamos una respuesta del Municipio. Las alarmas no estuvieron ni cinco meses en funcionamiento”, dice Chiluisa.
Ana Caizaguano, residente de la calle El Placer, relata que, a pocos pasos de su casa, estaba colocada una de las alarmas comunitarias que fue removida sin explicación alguna. El personal encargado del retiro le informó que, para volver a obtener el servicio, las personas debían gestionar nuevamente la instalación. “Desde entonces, nos sentimos abandonados. Si no fuera por la gestión y unión de los vecinos, los robos habrían aumentado”, señala la moradora con indignación.
La situación no es exclusiva de El Placer. En el barrio San Blas, Juan Carlos Rojas, presidente del sector, cuenta que cuando se inauguró el Sendero Seguro se activó una alarma ubicada entre las calles Los Ríos y José Antepara, la cual llevaba meses sin funcionar.
“La inversión que hizo el Municipio es solo en la calle Antepara. En los otros cuadrantes, los vecinos colocaron cámaras y alarmas por su cuenta”, indica Rojas.
Informe de la Contraloría
Al descontento y la preocupación por la falta de esos dispositivos para la seguridad en los barrios de Quito se suma un informe de la Contraloría General del Estado (CGE), publicado el 2 de agosto. Este revela que la compra de 557 alarmas comunitarias por parte del Municipio, durante la administración del exalcalde Santiago Guarderas, estuvo plagada de irregularidades. Según el documento, problemas en el contrato entre la Empresa Pública Metropolitana de Seguridad y la compañía Nexmedios Soluciones Tecnológicas dejaron a 55 barrios sin acceso a este servicio.
El concejal Andrés Campaña explica que en marzo de 2022 se hizo un levantamiento de información para instalar nuevos aparatos, cuyo contrato fue adjudicado en diciembre del mismo año. Sin embargo, las irregularidades detectadas retrasaron la implementación del proyecto. “Es urgente que el Municipio subsane estas observaciones e inicie un nuevo proceso para la adquisición de alarmas comunitarias para los barrios con mayores niveles de inseguridad”.
Esta situación ha llevado a los ediles a exigir responsabilidades y a solicitar la comparecencia de funcionarios ante el Concejo Metropolitano. La concejal Analía Ledesma expresó que la falta de transparencia en la gestión de la seguridad es alarmante.
Para la edil, estas alarmas no cumplirían su función debido a que no están interconectadas con el sistema de emergencia como Policía Nacional y el ECU-911. “El dinero de los quiteños que se aporta en la tasa de seguridad estaría siendo presuntamente mal gastado, es preocupante”.
Con cada nuevo robo, la confianza de los vecinos en las autoridades se debilita.
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