Municipio de Quito plantea una reforma presupuestaria

El 5 de diciembre del 2023, el Concejo Metropolitano de Quito aprobó el presupuesto para el 2024, que alcanza los 986 millones de dólares. En el último trimestre del año, la administración plantea una reforma, que incluye una redistribución de algunos componentes y, por tanto, recortes en los ingresos para Movilidad, Seguridad y Gestión de Riesgos, Educación y Ambiente, entre otras áreas.

El rubro más alto que se busca reducir es el asignado a movilidad. Son 56,2 millones de dólares, de un total inicial de 334’010.068,63. Es decir que el recorte sería del 17 %.

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La Secretaría de Movilidad tiene a su cargo, por ejemplo, la reorganización de rutas y frecuencias. Este año estaba previsto adquirir un Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE), plataforma tecnológica para monitorear 24/7 el transporte y así conocer cuál es la demanda de usuarios.

Ajuste presupuestario para Quito ¿en qué consiste?

Mauricio Cruz, administrador del Municipio, explicó que este ajuste en el presupuesto de 2024 se origina por un cambio en los ingresos presupuestados para este año. ¿Por qué? Principalmente porque el Gobierno Central ha anunciado que no le entregará a la ciudad alrededor de 100 millones de dólares.

Además, Cruz señaló que el Gobierno les ha informado que entregaría cerca de 70 millones de ese total en bonos del Estado. Por ello, han optado por plantear una reforma presupuestaria, que se trataría en segundo debate en el Concejo Metropolitano en dos semanas, según el concejal Adrián Ibarra, de la Revolución Ciudadana.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, recalcó que no se trata de una redistribución de valores, para destinar más dinero al gasto corriente y quitarlo al de inversión. Lo apunta porque al recibir la propuesta se observa que la administración central pasaría de tener 181’085.516,27 dólares (presupuesto codificado) a 264’044.508,89 dólares. Son más de 82 millones extras.

Según el alcalde Muñoz, el Gobierno le ha dicho que le pagaría la mitad de la deuda en efectivo y la otra mitad en bonos del Estado, con un plazo de vencimiento de tres a cinco años. Y también en Certificados de Tesorería (Cetes).

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Así que para el 2025, el Distrito Metropolitano de Quito y otros municipios del país tendrían que ejecutar obras con pagos de dos tipos: en papeles y en efectivo, advirtió Muñoz.

Para la exconcejal Luz Elena Coloma, antes de poner sobre la mesa la falta de asignación desde el Gobierno, hay que analizar cuánto presupuesto se ha ejecutado en la Alcaldía de Pabel Muñoz. Le preocupa que se le quite presupuesto a la Secretaría de Ambiente, pero más que nada a la de Movilidad.

Una prioridad del Municipio tiene que ser cómo la gente se mueve, la calidad del transporte. Hay muchos pendientes en este ámbito, subraya. Y sugiere enfocarse en obras de saneamiento y provisión de agua en las parroquias rurales.

Además Coloma anota: “La reflexión debería ser cómo ajustar el gasto corriente, cómo gasto más eficientemente lo que tengo. En las administraciones zonales, hasta mediados de este año, la ejecución era baja”.

¿Cuál es la visión de los Concejales?

En eso coincide el concejal socialista Andrés Campaña. Él cree que se trata de un juego financiero. El Municipio recibirá papeles, así que van a incrementar la partida de bonos y pago de deuda. Por ello le inquieta que esta reforma sirva para “maquillar cifras”. Por ejemplo, señala que la Epmmop tenía hasta el 31 de agosto una ejecución presupuestaria del 20 %. Al reducirle el presupuesto, mejorará su nivel de ejecución.

Al momento, la ejecución presupuestaria consolidada de gastos del Distrito es del 67 %, del comprometido y del 30 % respecto al devengado frente al codificado, se lee en el documento de 141 páginas elaborado por Planificación y la Administración General.

El concejal Ibarra afirma que con la reforma presupuestaria lo que buscan es sincerar las cifras, en función de los ingresos.

Además, redistribuir recursos por la necesidad de priorizar proyectos surgidos de procesos de participación ciudadana. Por ejemplo, en las administraciones zonales, al trabajar en calles vieron que tampoco había alcantarillado. También para ordenanzas como la Verde Azul, que implica cuidar quebradas y ríos e inversión en plantas de tratamiento de aguas residuales.

Ibarra insistió en que no se dejarán de lado proyectos, sino que se trata de inversiones plurianuales, por lo que se terminarán de pagar en 2025.

Otra es la visión del concejal Wilson Merino, de Imparables. “Guardar la plata para seguir acumulando deuda, en un contexto de crisis, me genera ruido”, sostiene. Él, como Andrés Campaña, considera que la reforma implica un “juego financiero, para reportar una mejor ejecución”. Asimismo, le gustaría saber si la idea de acumular bonos apuntalará el interés del alcalde de extender la línea del metro. Mientras, ¿qué se sacrifica?, pregunta.

Al respecto, el alcalde manifestó que en otros períodos la ejecución tampoco ha sido del 100 %. Y con los bonos, no se cuenta con recursos frescos, pero se consolida una base de recursos que podrían servir para financiar el metro.

Para el exalcalde Paco Moncayo, en este tramo de la gestión de Pabel Muñoz es necesario que se sincere con Quito: que “cara a cara con el ciudadano explique cuál es la visión”.

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