La anomalías en el Cabildo, aún sin responsables
Al menos cinco empresas del Municipio capitalino fueron examinadas por la Contraloría. Dos casos han llegado a juicio para un exalcalde y un exgerente
Un juicio por posible peculado para 14 personas sin fecha de reinstalación y la convocatoria a otro juzgamiento para febrero de 2022 por el mismo delito para cuatro sospechosos es hasta el momento lo más avanzado en dos casos de posible corrupción registrada en compras por la pandemia de COVID-19 en el Municipio de Quito.
El primero fue abierto para el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, y 13 personas más por la compra con posible sobreprecio de 100.000 pruebas para detectar COVID-19.
El juicio avanzó hasta el día 15 y se paralizó por una demanda de recusación que presentó Yunda en contra de Fabián Fabara, uno de los miembros del tribunal del juicio.
El segundo investigó a Guido Andrade, exgerente de Agua de Quito, y a tres personas por anomalías en la adquisición de insumos para afrontar la pandemia. Ambos cuentan con informes de Contraloría.
El organismo de control auditó al menos a cinco empresas públicas y en todos los exámenes se detectaron anomalías. En el caso de la empresa Agua de Quito se examinó la adquisición de insumos y dispositivos médicos, bienes y servicios, para solventar la emergencia.
Un intento de transferir 1.3 millones de dólares a Hong Kong y Estados Unidos prendió las alertas. El exalcalde hizo la denuncia. La Contraloría examinó las operaciones administrativas, financieras y a la trazabilidad, administración de identidad, cuentas de usuario y monitoreo de las transacciones electrónicas de pago realizadas al exterior a través del Banco Central.
Determinó que un funcionario accedió al correo del jefe de Tesorería, sin autorización y puso en riesgo la confidencialidad de la información. En el Banco Central no se revisó que las solicitudes de transferencias cuenten con firmas de autorización. Se había solicitado realizar tres transferencias por plantas de tratamiento de aguas industriales y camiones de basura. Pero la auditoría determinó que no había existido la prestación de servicios que justificaran estos movimientos. El Banco logró detener el pago.
El control reveló la falta de sustento en la compra de 3.201 pares de guantes palma de látex anticortes y 39.604 respiradores desechables N95. La compra se hizo sin un análisis de mercado y con oferentes que no tenían la experiencia ni registraron su actividad comercial para la venta de esos insumos.
A las empresas observadas se sumó la Empresa de Gestión de Residuos Sólidos (Emgirs) por la adquisición de contenedores de cadáveres por muerte probable de COVID-19. La Contraloría dijo que no contó con estudios completos, adecuaciones físicas necesarias para su uso ni especificaciones eléctricas y físicas, por lo que no se justificó que además se alquilen cinco chasis de carga donde los contenedores se ubicaron, por 8.250 dólares por un mes de alquiler. EXPRESO buscó la versión del exgerente de la entidad observada por la Contraloría. Esperamos su respuesta.
En la empresa de Seguridad y Logística el contrato para comprar 960.000 mascarillas por 230.400 dólares se ajustó a la oferta de una empresa que no tenía experiencia en su venta o producción, ni contó con Registro Sanitario o RUC para su venta señala un informe que dice que la empresa debió ser descalificada. La adjudicada solo entregó 20.000 mascarillas y se procedió con la terminación unilateral del contrato. Son al menos 10 los exámenes que ha practicado el organismo de control al Municipio.
Procesos con sospechosos
La corrupción en la pandemia alcanzó a empresas públicas, municipales y otras que coparon la atención de la Fiscalía.
De ellas, las investigaciones se centraron en la Secretaría de Riesgos, hospitales: Los Ceibos, Teodoro Maldonado, Epmaps, Secretaría de Salud del Municipio Quito, Prefectura del Guayas, entre otros.
