Aplicaciones móviles: Una ordenanza en el congelador

Más de un año tiene guardado en el Concejo Metropolitano de Quito un proyecto de ordenanza municipal que pretende mejorar las condiciones de trabajo de las personas que laboran para las aplicaciones móviles de servicios de entrega.

Desde el despacho de la concejala, Analía Ledesma, se ha cocinado esta legislación que ha contado con la participación de asesores legales y de la Secretaría de Movilidad de Quito.

“Es terrible cómo no se le ha dado prioridad a este texto, y estas personas siguen padeciendo una precarización laboral inhumana”, dice Ledesma.

Lo que plantea la ordenanza es crear un registro con todas las personas que trabajen para estas aplicaciones, comprobar sus datos con las bases que mantiene la Agencia Nacional de Tránsito para asegurar que tengan licencias de conducir válidas -la mayoría se traslada en motocicletas- y crear un marco legal para que puedan ser afiliadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y tengan seguridad social.

“Uno de los baches que hemos encontrado en la construcción de esta ordenanza es que la Secretaría de Movilidad del Municipio nos dijo que no cuenta con el personal técnico capaz de levantar este registro, y que deben ir a un proceso de tercerización para que una consultora lo haga.

Esto fue en junio del año pasado”, dijo Paulina Carvajal, una de las asesoras legales que ha trabajado con la concejala Ledesma en este proyecto de ordenanza.

No hay un censo actual de personas que trabajen en estas plataformas dentro de Quito, pero el Observatorio de Plataformas comenzó este año este trabajo para poner en cifras la realidad de esta población.

También este año publicaron el libro Precarización Laboral en Plataformas Digitales. Una lectura desde América Latina, y en el capítulo referente a Ecuador -focalizado en la capital- se indica que para 2020 el 90,5 % de los repartidores son hombres y el 66,2 % son migrantes; y de ese número el 66 % son venezolanos.

“Las aplicaciones, cuando ya tenían muchos repartidores inscritos y trabajando para ellos, comenzaron a reducir nuestras tarifas”, dice en ese libro, Yuly Ramírez, fundadora de la organización Glovers Ecuador. Con la pandemia, estas aplicaciones ganaron vuelo ante el creciente desempleo, y parte de lo establecido en el proyecto de ordenanza es que las condiciones de trabajo de los repartidores mejoren.

El exsecretario de Movilidad del Municipio, Guillermo Abad, señala que con relación a Movilidad se tiene que levantar un censo para poder regularizar a los motociclistas y ciclistas.

Indica que con ese censo también se determina la incidencia en la carga vehicular de los flujos de tránsito de la ciudad. Opina que para eso es necesario contratar una consultoría que haga el censo ya que la capacidad de operación y personal de Movilidad es limitada.

El concejal, Fernando Morales, afirma que hay un sinnúmero de ordenanzas que se vienen tratando y que no se han dado paso. Cita la reforma de Quito Honesto que está bloqueada casi diez meses cuando es un tema prioritario. Dice que no puede el ejecutivo del Municipio ni el alcalde “poner al presidente de Quito Honesto, su delegado de ninguna manera. La ordenanza tiene que ser modificada, Quito Honesto tiene que ser autónomo e independiente, no depender laboralmente del alcalde y con ello ejercer un proceso de fiscalización desde el inicio de los procesos municipales”.

A tener en cuenta

Diversidad

Las personas que trabajan en estas aplicaciones no solo reparten comida; durante la pandemia se diversificaron y también repartieron medicinas y otros bienes esenciales, al ser ellos los que contaban con permisos para movilizarse.

Salud

Algunas de estas personas deben trabajar hasta quince horas al día para poder conseguir un salario mínimo a fin de mes. Esto les genera dolores en la espalda, rodillas y cuello. Además de estar más expuestos al contagio de la COVID-19.

Seguridad 

Los repartidores de estas aplicaciones están expuestos a accidentes de tránsito y no cuentan con la seguridad social para solventar cualquier gasto médico que pueda surgir de siniestro mientras hacen su trabajo.