Los arreglos posaccidentes suman impunidad en Quito

A la familia de María del Carmen Puente nada le devolverá su sonrisa. La mujer, de 77 años, fue arrollada el fin de semana pasado por un autobús en el sector La Villaflora, sur de Quito. Después de agonizar entre los neumáticos y ser trasladada a una casa de Salud, finalmente su deceso se confirmó una hora después.

Este siniestro no solo quedó registrado en la memoria de los allegados de la víctima, sino también en el teléfono móvil de los transeúntes que presenciaron el evento.

La imagen, en donde se apreciaba que la mujer intentaba salir de entre los neumáticos que la atraparon y que pese a la magnitud del accidente ella lucía consciente, estremeció a más de uno y entre los comentarios no se hicieron esperar aquellos que clamaban por justicia para la mujer de la tercera edad.

Se conoció que en esta ocasión, el conductor no pudo huir y fue detenido. Desde ese momento, los allegados de la abuelita se mantienen en conversaciones con el abogado del implicado para subsanar la situación.

“Nos dijeron que la cooperativa tenía un seguro de 10 mil dólares. No es que queramos lucrar con eso. Necesitamos pagar el nicho y otros gastos”, mencionó uno de los parientes, quien prefirió no identificarse.

Según Guillermo Abad, director de la organización Justicia Vial, los siniestros, por lo general, terminan con un arreglo económico, el archivo de la causa o la prescripción del caso.

Así lo confirmó también un informe emitido por el Consejo de la Judicatura -hace 7 años- en el que se reveló que el 93 % de los accidentes no llega a sentencia.

Para Abad, es un error ponerle “precio a la vida”. “Estos arreglos lo único que hacen es contribuir a la impunidad”. Incluso recomienda a los familiares de las víctimas que lleguen hasta los tribunales. Allí, después de seguir el proceso legal, los jueces dictarán sentencia en contra del procesado y se determinará el pago de una reparación integral.

El dirigente de Justicia Vial aclara que en cualquier hecho de este tipo, la responsabilidad puede ser compartida (entre el conductor y el peatón). Sin embargo, considera que en los sucesos en los que está vinculado un autobús se debe a dos circunstancias: modelo de auto y velocidad.

“El 50 % son buses disfrazados. Esto quiere decir que son camiones y los adaptaron. Son más altos”, describe.

Esto hace más grande el punto ciego frontal hasta unos 10 metros. Además, la suspensión le impide sentir a quien maneja que los neumáticos están sobre algo que no es la vía.

La velocidad también es un detonante. En el perímetro urbano, los vehículos pesados pueden circular hasta 40 kilómetros por hora. Sin embargo, si el conductor va más rápido, le es imposible hacer una maniobra para esquivar al peatón o frenar. Con respecto a la compensación que se ofreció a los familiares de Puente, le parece inaudita. “Es muy poco. En otras causas, el monto asciende a los 120 mil dólares”.

Pero también se llevan a cabo otros procesos, en donde no necesariamente obedece a decesos, sino a mediación para lesiones.

Pedro Quingalagua fue arrollado por un autobús en Machachi, en el cantón Mejía, hace un año. Desde ese día nada fue igual. Perdió la pierna derecha y con eso la posibilidad de seguir con su trabajo como albañil. “El dueño del carro me dio 500 dólares. Ofreció más, pero nunca cumplió”.

Algo similar le ocurrió a Felipe Poveda, quien fue arrollado por una unidad del Trole. Hoy, está en peligro de perder una de sus extremidades.

Según Abad, en casos en los que no se produce la muerte del peatón, se puede hacer una mediación para fijar una compensación por las lesiones temporales de la víctima. No ocurre lo mismo con las permanentes, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP) no permiten acuerdo económico.

“El problema es cuando la gente no tiene conocimiento y se deja ganar por el miedo. Por ejemplo, el chofer le dice yo le voy a denunciar porque se pasó por media vía, pero nunca habla de la velocidad a la que iba y esto cae en un acto de corresponsabilidad”, enfatiza.

Según el Visor de Siniestralidad Nacional, hasta agosto de 2022, en Quito, se registraron 13 arrollamientos por un autobús, mientras que a escala nacional fueron 33.

A propósito de la pandemia, el 2020 fue el año en el que se registró el pico más alto de este tipo de siniestros viales.

Se registraron 20 casos de enero a diciembre. Y en lo que va de este año, siete personas fallecieron tras ser arrolladas por un autobús. Esto solo hace referencia a estadísticas que se manejan en la capital.

Ana Lucía Astudillo, experta legal en temas de tránsito, aclara que es importante determinar quién es el responsable en el incidente. “Si el peatón cruzó por donde no debía, se cae el caso y no hay reparación integral”, concluye.