Quito: Los bienes municipales siguen a la deriva pese a una nueva ordenanza
Reducir los trámites para alquilar inmuebles patrimoniales no ha dado frutos. 60 están desocupados. Bienes sin impedimentos tampoco son solicitados
Una llamada urgente alertó a las autoridades. Eran las 04:00 del 14 de febrero y la puerta del antiguo Hospital San Lázaro se incendiaba. Las llamas arrasaron con la enorme estructura de madera y afectaron el área de acceso a la capilla del inmueble patrimonial, que data de 1738.
Adentro no había quién le defienda del flagelo, pues el enorme edificio, donde funcionó el primer hospital psiquiátrico del país, lleva una década abandonado.
En 2011, cuando los pacientes fueron trasladados a Conocoto, el Cabildo planteó numerosas opciones para reutilizar este bien, entre ellas instalar allí un hotel, un centro de estudios o la extensión de una universidad privada.
La restauración se llevó a cabo con presupuesto municipal y con fondos privados. El inmueble quedó impecable para recibir a sus nuevos inquilinos, pero estos nunca llegaron.
El caso de San Lázaro no es aislado. Otros cincuenta y nueve bienes municipales patrimoniales también fueron intervenidos en los años posteriores, pero al igual que el icónico hospital, permanecen en desuso.
La principal traba para su ocupación eran las normativas vigentes, pues la Ley de Cultura prohibía la venta de las propiedades públicas patrimoniales, y la normativa para el alquiler de estas era igualmente complejo. Así lo explicó la concejala Luz Elena Coloma, quien hasta agosto del año pasado se desempeñó como presidenta de la Comisión de Áreas Históricas y Patrimonio.
“Era un proceso obsoleto y engorroso, pues cuando alguien buscaba alquilar estos bienes, se fijaba el canon de arrendamiento más alto posible, porque la ley exigía obtener el máximo rendimiento financiero de los inmuebles públicos en alquiler. Los valores eran tan altos que no podían competir en el mercado privado”, recordó.
En febrero del año pasado, se aprobó la Ordenanza Metropolitana Reformatoria a la Ordenanza Metropolitana N.º 001 del arriendo de inmuebles municipales del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, que buscaba flexibilizar la ley y fomentar la ocupación.
Entre los beneficios de la normativa, estaba la reducción del tiempo del trámite de alquiler de seis meses a un mes, y se permitía el alquiler por horas. Pese a ello, no hubo resultados. “Se necesita decisión política para darles uso vía arrendamiento o comodato”, afirmó la concejala.
EXPRESO consultó a su sucesor en la comisión municipal, el concejal Diego Carrasco, sobre los resultados de la aplicación de la reforma, pero no se concretó la entrevista.
La inversión que se realiza en estos bienes no es pequeña. De acuerdo con el Plan Anual de Contratación del Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP), el año pasado la inversión en mantenimiento de inmuebles municipales patrimoniales fue de 1’378.681,54 dólares. De este monto, $ 61.031,70 estuvieron destinados a la conservación de las cubiertas del Hospital San Lázaro.
(También puede leer: Continuar el legado de su padre: educar a la comunidad)
En 2022, en una entrevista con un medio local, Carlos Yépez, titular de la Dirección Metropolitana de Gestión de Bienes, responsable de los bienes del Cabildo que no son patrimoniales, dijo que la entidad buscaría una hoja de ruta para reactivar los inmuebles y darles nuevos usos. Este Diario solicitó una entrevista con el funcionario desde el pasado 14 de marzo, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Se estima que el Cabildo tiene más de 12.000 bienes a su cargo, de ellos cerca de 7.000 en la urbe y los restantes en las parroquias rurales.
Según lo que se ha podido visibilizar, parte del plan para la reactivación implica un trabajo mancomunado con otras direcciones. En enero último se entregó el manejo de la Plaza Belmonte a la Secretaría de Cultura y en 2021 la entidad gestionó la ocupación del Centro Comercial La Merced con la Agencia de Coordinación Distrital del Comercio de Quito (ACDC).
Los resultados, sin embargo, no fueron los deseados. Así lo explicó Edison Carrillo, director de la ACDC: “Trabajamos junto a la Dirección de Gestión de Bienes y a la Administración Zonal del Centro para poder reubicar a comerciantes autónomos y viabilizar una forma legal para que se puedan quedarse ahí. Estamos hablando de unas cincuenta personas, que luego se fueron”.
Lo mismo sucedió en un centro comercial en La Marín, que tampoco pudo ser ocupado y hoy permanece vacío.
