Quito

Más buscados de Pichincha
El hombre fue detenido en el Distrito de San Martín de Porres, en Lima.Foto: cortesía

Uno de los más buscados de Pichincha fue detenido en Lima

El hombre habría amenazado con atentar contra la integridad de la víctima si lo denunciaba

El octavo prófugo más buscado de la provincia de Pichincha, por el presunto delito de abuso sexual contra una menor de edad, fue capturado en Lima, capital de Perú.

Según informó este 14 de octubre de 2024 la Policía de Ecuador, John Puga, quien mantenía una orden de captura internacional de Interpol, habría aprovechado la vulnerabilidad de la víctima y la amenazó con atentar contra su integridad si lo denunciaba.

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De acuerdo con la información, la operación 'Fénix 350' fue el resultado del trabajo de inteligencia e investigación de los agentes de la Unidad Nacional de Detención de Personas de Alta Peligrosidad Requeridas por la Ley (UNDP), que permitió ubicar al prófugo en territorio peruano.

La detención se logró con la cooperación internacional y la rápida acción de las autoridades peruanas, en el Distrito de San Martín de Porres.

Puga quedó a disposición de la autoridad judicial competente de Perú, a la espera de la audiencia de extradición y será puesto a disposición de la justicia ecuatoriana para enfrentar el delito en el que está implicado. 

Otro caso en Quito: Padrastro fue sentenciado

Marcelo Fabián M. T fue sentenciado a nueve años de cárcel por el delito de abuso sexual contra su hijastra de siete años (al momento de los hechos).

Durante la audiencia de juzgamiento, la Fiscalía demostró que el hombre, de 38 años, cometió el delito en 2018. Se aprovechaba la ausencia de la madre para perpetrar –de manera sistemática– el abuso sexual contra la niña.

El Tribunal Penal también ordenó al sentenciado pagar una indemnización de 5.000 dólares a la víctima y ratificó medidas de protección a su favor.

El Ministerio de Salud Pública deberá proporcionar tratamiento psicológico a la menor, mientras que el Ministerio de Inclusión Económica y Social tiene la obligación de efectuar un seguimiento integral e informar a los jueces sobre los avances en su proceso de recuperación psicológica y social.

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