Quito: el Cabildo anunció un freno a un polémico proyecto de cementerio

Los carteles cubrían la avenida Mariana de Jesús. “No al cementerio”. “Queremos el bosque”. “¡Basta de engaños, el bosque es vida”.

Estos se colocaron en enero en ocho barrios colindantes al bosque protector de Pichincha cuando la comunidad se enteró de que en cuarenta y siete hectáreas de la zona se levantaría el Cenizario Urkupamba, un cementerio con énfasis en la cremación de restos.

Los moradores rápidamente empezaron a organizarse, pues seis años antes esta iniciativa ya se había propuesto y desechado, al interseccionar con tres áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Pero en esta ocasión, y pese a la declaratoria, ya había empezado la tala de árboles y la edificación.

Las protestas dieron resultado, pues ayer el alcalde de la ciudad, Jorge Yunda, declaró oficialmente cancelado el proyecto privado, cuya autorización surgió, curiosamente, de un permiso emitido por la secretaría de Ambiente de la cartera municipal.

“Nos habíamos propuesto sembrar un millón de árboles, no cortarlos”, expresó ante los gritos de júbilo de más de un centenar de moradores que llegaron hasta la cancha comunal de San Vicente de las Casas. “Vamos a disponer que este proyecto no se haga, porque se trata de un área protegida y un pulmón de la ciudad”, agregó.

Añadió que, con el fin de que la iniciativa no se reviva en una tercera ocasión, la entidad buscará los fondos para expropiar el terreno y permitir que este se suma a las áreas protegidas del distrito.

Pero, ¿habrá sanciones para la entidad que emitió la autorización? No está claro. En respuesta a la interrogante, Yunda dijo que analizará la situación.

“Aquí se generó un problema jurídico, debido a un vacío en la ley, y que dadas las circunstancias, se tuvo que revertir”, estableció.

El que no está tan seguro de que esto haya sido un error de buena fe es el ministro de Ambiente y Agua, Paúl Proaño, quien también visitó la localidad y solicitó una inspección, un estudio de viabilidad y la retención de la madera talada.

“El Ministerio de Ambiente no ha dado ningún permiso ambiental para que se haga este proyecto”, reiteró.

Este agregó que la empresa constructora del Cenizario, representada por Andrés Carrasco, ingresó el proyecto en el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), donde se le informó que este intersectaba con los bosques protectores: Flanco Oriental de Pichincha, Cinturón Verde de Quito y Quebradas Vivas, por lo que la construcción era inviable.

Durante la visita de Yunda, un funcionario de la constructora, quien prefirió la reserva de su nombre dijo que la comunidad “sacó de contexto” el proyecto. “No habrá ni tala de árboles, ni movimiento de tierras. La construcción es solo de 3.000 metros cuadrados, y las cenizas se enterrarán debajo de los árboles”, explicó. Este no se refirió a la tala ya realizada ni a las inconsistencias halladas por el ministerio de Ambiente.

La resolución animó a los moradores, quienes aplaudieron la decisión de Yunda.

“En el pasado, la tala de árboles generó aluviones y no permitiremos que nos pongan en riesgo de nuevo, ni a nosotros ni a nuestras familias”, expresó Marcelo Valencia, representante de la Asociación de Barrios Unidos. Este añadió que buscarán que el área verde genere ecoturismo para el sector.

Habrá sanciones por la tala de árboles

El Ministerio de Ambiente y Agua anunció una segunda inspección la próxima semana para determinar el índice de afectación del área intervenida durante la primera fase de la construcción.

El ministro Proaño indicó que durante la primera inspección “se evidenció la tala ilegal de árboles”.

Esto, agregó, no quedará en la impunidad, pues el artículo 98 de la Ley Forestal de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre prohíbe la poda, tala, descortezamiento, destrucción, alteración, transformación, adquisición, transportación, comercialización, o utilización de los bosques. Asimismo, esta establece multas por tala de árboles, que pueden ascender a más de $ 34.000.

Así también lo explicó Juan Andrés Mora, miembro de la organización Bosques Vivos de Pichincha. “No es que el proyecto se frena y ya. Aquí se cometieron varios delitos. El primero es la tala dentro de zonas nacionales protegidas, la segunda es que se inició la construcción sin permisos ambientales vigentes, y de paso se colocaron rejas para impedir el paso en zonas de bosque que son públicas. La Ley Forestal y otras normas ambientales sancionan esto, sobre todo con multas económicas”, dijo.