El proyecto de cantonización en Tumbaco y el reto de crear un nuevo Municipio

Levantar un Municipio en un nuevo cantón no es un tema sencillo. Desde lo administrativo, con la decisión de quién lo representará, la conformación del Concejo municipal, hasta el tema económico, político y de marco legal.

Estos aspectos ya los ha considerado la Junta Cívica del Valle del Ilaló, que desde hace al menos tres años busca que Tumbaco y sus ocho parroquias, incluida Nayón, conformen un nuevo cantón.

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Las razones son varias. Entre ellas, menciona Juan Fernando Serrano, presidente de la Junta, la incapacidad y las limitaciones del Municipio de Quito para atender las necesidades de la parroquia que ha crecido a pasos agigantados en los últimos años.

El proyecto de cantonización avanza lento. La mayoría de los requisitos establecidos en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), asegura Serrano, los cumplen. Sin embargo, continúan a la espera del informe del gobierno provincial (Prefectura).

El presidente de la Junta Cívica indica que pese a que han enviado solicitudes desde hace al menos dos años, no hay una respuesta ya sea favorable o desfavorable al proyecto.

Esto no ha impedido que la iniciativa continúe y que, al menos en teoría, el nuevo cantón ya esté estructurado. Además del alcalde, al nuevo cantón, al tener una población mayor de 201.000 habitantes, le correspondería once concejales.

Competencia de servicios

Una de las grandes preocupaciones que han encontrado en la socialización del proyecto es cómo sería el proceso de transición y qué pasaría con la provisión de servicios básicos, que en la actualidad son responsabilidad del Municipio de Quito.

En el caso del agua potable, Serrano explica que para cumplir con la competencia se firmaría un contrato mancomunado entre el nuevo Cabildo y la Empresa de Agua de Quito (Epmaps). Este podría ser definido de forma transitoria o de mediano plazo, hasta que el nuevo Concejo defina si es pertinente la creación de una empresa municipal que brinde el servicio de forma directa.

Carlos Albán, secretario de la Junta, precisa que el nuevo Concejo debería realizar un proyecto y ver la factibilidad económica y la sostenibilidad.

El servicio de energía eléctrica se mantendría tal cual se presta en la actualidad, que está a cargo de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ).

Respecto a la recolección de basura y desechos, el proyecto prevé la firma de un contrato, definido o de mediano plazo, entre el nuevo Municipio y la Empresa Pública Municipal de Aseo (Emaseo).

Serrano lo ejemplifica con el Municipio de Rumiñahui, que mantiene un acuerdo con Emaseo para que los desechos sean depositados en el Inga.

¿Qué sucederá con el manejo del tránsito y la seguridad?

El proyecto indica que al ser un tema que demandará mucho estudio por parte del nuevo Cabildo, se propone inicialmente hacer un acuerdo con el Ministerio del Interior para que la Policía sea la encargada de apoyar esa gestión. No se contaría con agentes civiles de tránsito, que en el DMQ son los encargados del control en las vías.

En cuanto a la revisión técnica vehicular, Albán señala que se podría habilitar un centro en cada una de las ocho parroquias, esto previo a la autorización y homologación que es competencia de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

Serrano reconoce que no se trata de un trabajo fácil y que el proceso de transición podría tomar entre uno y dos años. “Estamos haciendo uso de una herramienta que está en la Constitución frente a la desatención de las autoridades”, recalca.

Un alto costo

Para el urbanista y arquitecto Fernando Carrión, el costo de crear un nuevo Municipio y las empresas de dotación de servicios, y lo que ello implica, es demasiado alto. Esos recursos, considera, podrían destinarse a la ejecución de obras de inversión. 

También menciona que la división no es una salida a los problemas y necesidades, más bien apunta a que se debe mejorar la capacidad de ejecución de presupuestos con administraciones zonales más eficientes.

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