El Chocó Andino lleva su malestar frente a la minería a lo judicial
Líderes de seis parroquias fueron a la Corte Constitucional a pedir una consulta popular. Buscan frenar las concesiones mineras en su territorio
Canastas de verdes y botellas de leche y de panela se colocaron ayer junto al monumento ‘Esferas oscilantes’ en el parque El Arbolito, en el centro de la ciudad.
Hasta ahí los llevaron un centenar de moradores de las comunidades de Pacto, Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito y Gualea, parroquias que conforman el Chocó Andino, con el fin de mostrarle a los quiteños los productos que salen a diario desde el sector rural, que en 2018 fue declarado como Reserva de Biósfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
La comitiva llegó hasta la capital con un propósito: entregar una propuesta de consulta popular a la Corte Constitucional, cuyo fin será prohibir la minería metálica en el Distrito Metropolitano de Quito.
“Aunque existen concesiones con permisos, para nosotros, todas son ilegales, pues jamás se hizo la consulta previa. La pandemia ha agravado la situación y pese a las inspecciones que se hacen, la explotación minera en nuestro territorio se agrava cada día”, dijo Inty Arcos, coordinador técnico de la Mancomunidad.
En diciembre del año pasado, la parroquia Pacto se declaró en resistencia, cerrando el paso a las empresas mineras de ingresar a sus instalaciones.
Tras hacerse público, el Cabildo anunció la creación de mesas técnicas para llegar a acuerdos entre los dirigentes, el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables y el Ministerio de Ambiente y Agua.
Pero tres meses después, los moradores indican que los resultados han sido insuficientes, por lo que ahora apelarán a la vía judicial para garantizar el futuro del territorio.
“ Se han hecho inspectorías ambientales y poco más. Los ministerios se rehusaron a analizar las concesiones y los permisos de exploración. Estamos abiertos a dialogar, pero queremos acciones concretas que protejan nuestro territorio y que aseguren la soberanía alimentaria de Pichincha”, señaló Julie Tenorio, representante legal del Frente Antiminero.
Según estos, parte del acuerdo para la declaratoria de la Unesco dependía la desgraficación de las concesiones mineras del sector declarado reserva, pero esto tampoco ha sucedido.
“Nos han negado tres veces la inclusión dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que garantizaría un fin a la explotación, y los motivos no están claros”, añadió Arcos.
En horas de la tarde, entregaron el pedido ante la Corte Constitucional.
EXPRESO solicitó una entrevista a la Cámara de Minería. La entidad indicó que se pronunciaría en una rueda de prensa, pero no se concretó hasta el cierre de esta edición. El Ministerio de Energía y Recursos No Renovables tampoco se pronunció.
