Colectivo Quito Sin Minería realizará un plantón a un año de la consulta popular

Quito Sin Minería y otros colectivos se concentrarán este martes 20 de agosto de 2024 a las 08:00, frente a la Corte Constitucional, norte de la capital. 

Los activistas presentarán un documento ante el máximo órgano de control constitucional con el objetivo de que cumpla con su misión de vigilar y exigir a las autoridades competentes que elimine del catastro y del mapa minero las concesiones que están registradas en el Distrito Metropolitano de Quito. Luego realizarán una marcha con rumbo hacia el parque La Carolina.

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Ivone Ramos, integrante de Acción Ecológica, dijo este 19 de agosto de 2024 que el Gobierno debía haber cumplido con este trabajo al día siguiente de que en la consulta popular ganara la opción de declarar al Distrito Metropolitano de Quito territorio sin minería. 

Señaló que se trata de 10.000 hectáreas que estaban en trámite desde varias empresas. Otras 5.000 quedaron a cargo de tres firmas que, de acuerdo con la activista, operaban de manera ilegal. Afirma que así lo probarían dos informes de Contraloría. Los documentos señalan que trabajaban en zonas patrimoniales y abrieron túneles que luego fueron abandonados, los cuales fueron tomados por mineros ilegales. Estos informes se referían a las empresas Natural Resources y Empresa Nacional Minera (Enami).

Denuncias contra gerentes de empresas

Agregó que otras pequeñas concesiones tenían que renovarse paulatinamente antes de la consulta, pero ahora existe una prohibición expresa en la Corte Constitucional para ello. Los resultados de la consulta, señaló, son de inmediato y obligatorio cumplimiento. Ramos señaló que como colectivo han presentado denuncias penales en contra de los gerentes de Enami, y otras empresas como Ecuamin SA y Melina Changó para que la Fiscalía y la Policía eviten que se abran nuevos frentes mineros tanto de estas entidades como de organizaciones criminales.

En la rueda de prensa de este 19 de agosto participaron también María Delia López, del Frente Antiminero de Pacto y de la Asociación de Paneleros de la zona; Ricardo Buitrón, del Cabildo Cívico de Quito y Esteban Barriga, del colectivo Quito sin Minería.

López dijo que la lucha para llegar a la consulta popular se hizo porque la minería afecta a quienes trabajan la tierra como su colectivo, que produce panela y exporta hacia Europa. “Nosotros estamos dando vida a la comunidad y al Estado”, manifestó. Asegura que su producción se vería afectada al igual que el medioambiente con los daños que deja la actividad extractiva.

Por su parte, Barriga señaló que luchas como prohibir la minería en Quito y por ende en el Chocó andino o decidir dejar el petróleo bajo tierra en el Yasuní permite abrir nuevas puertas de esperanza. Cree que el activismo le da voz a jóvenes que creen en nuevos modelos y en un futuro sostenible y armónico con la naturaleza para las nuevas generaciones.

Luego de la campaña para ganar la consulta popular, que consiguió el 20 de agosto de 2023 un apoyo de alrededor del 70 % del electorado, su lucha continúa al cumplirse un año. Por ello, después del plantón en la Corte Constitucional, se realizará una marcha que terminará en la laguna del parque La Carolina, en el norte de la ciudad.

Insisten en documentar la suspensión de concesiones

Ramos señaló que actualmente se ha cumplido de manera parcial lo decidido en la consulta popular, pero hacen falta documentos oficiales que certifiquen que las concesiones mineras han sido retiradas del catastro y que los contratos previamente firmados antes de ese proceso no han sido renovados.

Además, pide garantizar que no se abandonen los proyectos mineros, sino que tengan un cierre técnico y la reparación integral ambiental de los territorios donde hubo operación minera. La protección incluye al sector conocido como Mancomunidad del Chocó Andino y que está conformado por las parroquias rurales de Quito Nanegalito, Calacalí, Pacto, Gualea, Nono, Nanegalito y Nanegal.

Sobre Ecuamin, la ambientalista señaló que fue una empresa creada mientras se realizaba la campaña para la consulta popular sobre minería y, según su testimonio, estaría operando sin licencia ambiental y por ende, de forma ilegal. Habló de supuestas irregularidades en las operaciones de Melina Changó y Enami. Asegura que existen entre seis a ocho concesiones que deben ir cerrándose paulatinamente.

Denuncian amenazas por rechazar la minería

En el sector, dijo María Delia López, habría 30 personas criminalizadas por la defensa del medioambiente. Denunció actitudes hostiles de las personas que trabajan en minería en contra de la gente que ha promovido la prohibición de esta actividad en el sector. 

Ella afirma que han sufrido amenazas y que incluso tienen imágenes de violencia en contra de animales que viven en el bosque. Además, relata que en las noches hay personas que todavía siguen minando y sacan material por las durante la oscuridad, a escondidas, dos a tres volquetas semanales.

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