Compra de alarmas comunitarias: La Contraloría encontró irregularidades
En la administración de Santiago Guarderas se adquirió 557 alarmas comunitarias
En un informe revelador publicado el 2 de agosto de 2024, la Contraloría General del Estado (CGE) ha expuesto serias irregularidades en la adquisición de 557 alarmas comunitarias por parte del Municipio de Quito durante la administración de Santiago Guarderas en 2022.
El informe destaca una serie de fallos críticos en la ejecución del contrato. Uno de los problemas más significativos fue la elección de alarmas con tecnología 3G en un país que ya contaba con una infraestructura 4G más avanzada y con mejor cobertura. Esta decisión estratégica errónea fue solo una de las múltiples deficiencias identificadas durante la contratación y ejecución del proyecto.
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La CGE también subraya que la Empresa de Seguridad no proporcionó información completa sobre las áreas y la cantidad de beneficiarios de las alarmas, lo que comprometió la planificación y ejecución del proyecto. Como consecuencia de estas irregularidades, el contrato fue suspendido por 35 días, desde el 12 de mayo hasta el 16 de junio de 2023.
Las deficiencias no se limitaron a la fase de adquisición. El informe revela que el Municipio pagó por el mantenimiento preventivo y correctivo de alarmas que, en realidad, no estaban en funcionamiento. Esto resultó en el uso de recursos públicos para servicios que nunca se prestaron.
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Proceso de contratación
Además, la Contraloría encontró problemas en el proceso de contratación. El informe inicial del 1 de noviembre de 2022 carecía de un diagnóstico adecuado sobre el estado de los sistemas de videovigilancia existentes, lo que llevó a la compra de equipos sin una justificación técnica sólida. Las cotizaciones solicitadas tampoco desglosaron los costos de manera detallada, generando dudas adicionales sobre la transparencia del proceso.
Durante la ejecución del contrato, se detectaron fallos, incluyendo listas de equipos a reemplazar sin evidencia de daño y reportes de mantenimiento con inconsistencias. En algunos casos, los equipos instalados no coincidían con los especificados en los informes y, en otros, ni siquiera estaban instalados.
El proceso de liquidación también presentó serias fallas. El acta de entrega carecía de fechas claras y detalles específicos sobre las actividades realizadas, y las constataciones físicas revelaron discrepancias entre los equipos entregados.
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