Concejales de Quito defienden la institucionalidad actual

La misma Constitución de Montecristi que abrió la posibilidad de que la ciudadanía pueda iniciar procesos de revocatoria de mandato de autoridades, que considere que no cumplen con sus funciones, podría ser la que frene las aspiraciones de un grupo liderado por Néstor Marroquín de sacar de su cargo al alcalde Pabel Muñoz.

Lo dice el experto en temas electorales Medardo Oleas. Él señala que Muñoz ya fue sancionado anteriormente por haber hecho campaña por Luisa González en las últimas elecciones presidenciales, “pero nuestra Constitución prohíbe que una persona sea sancionada dos veces por los mismos hechos o motivos y en este caso se caería en esa prohibición. Entonces, no creo que le acepten el fundamento de respaldo si se refiere solo a ese asunto”.

Le invitamos a que lea: Detienen a hombre sospechoso de secuestrar y matar a una mujer en Quito

Pedido de revocatoria del mandato de Pabel Muñoz 

Marroquín, quien presentó el pedido de revocatoria y solicitó los formularios para firmas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) agregó dos causales: incumplimiento del plan de trabajo y no permitir la participación ciudadana en el uso de la silla vacía, sin precisar mayores detalles sobre la motivación.

Respecto a la primera motivación, ha señalado que no se trataría de doble sanción por la misma causa, porque antes las autoridades electorales obligaron a Muñoz a ofrecer disculpas públicas y a pagar una multa por $ 9.200, mientras que ahora sería la ciudadanía quien decida que ya no debería ser alcalde.

El analista Esteban Ron explica que los procesos de revocatoria de mandato “son constitucionalmente válidos, siempre y cuando se los ejecute un año después del inicio del año del mandato, pero sobre la base de incumplimientos del plan de trabajo, no sobre una infracción electoral como la que se está pretendiendo”.

Ron señala que ese incumplimiento debe ser expuesto ante el CNE, con una copia certificada del plan y los elementos justificativos sobre ese señalamiento. Luego, el Consejo debe verificar y solicitar al funcionario que presente elementos de descargo. Después, la autoridad electoral determinaría si en este caso el alcalde Muñoz puede ser revocable, pero Ron repite que incumplir una norma electoral no es causal de revocatoria.

Concejales están en desacuerdo con la solicitud de revocatoria 

Ayer, al menos cinco concejales coincidieron en su desacuerdo con esa posibilidad. Ellos defienden la institucionalidad y la estabilidad en el Municipio de Quito. Aunque no todos apoyen directamente la gestión de Muñoz, sí consideran que cambiar de cabeza a la ciudad a estas alturas del camino traería más problemas que soluciones.

Prueba de ello es lo que ocurrió en el período anterior, cuando a través de otro mecanismo, la destitución, se reemplazó al alcalde Jorge Yunda por su antes coideario, Santiago Guarderas. La capital aún arrastra problemas, por ejemplo, con contratos no firmados a tiempo para el Metro de Quito.

Los ediles Estefanía Grunauer, Michael Aulestia y Analía Ledesma coinciden en que el alcalde Muñoz debe tomar este proceso como un llamado de atención porque la ciudadanía está mostrando de varias formas que no está contenta con sus funcionarios y con la ejecución de obras. Para ellos es entendible que haya quejas, porque, de acuerdo con Grunauer, la ejecución presupuestaria no supera el 35 % en el octavo mes del año.

“Nosotros como concejales vemos que el alcalde tiene que tomar en serio este pedido de revocatoria, debe justificar trabajando de forma más expedita, dar obras a los quiteños y ejecutar el dinero que existe en las arcas fiscales”, enfatizó la edil. Agregó que en los dos años y medio, aproximadamente, que quedan se deben ver obras emblemáticas porque actualmente, el Concejo solo ha podido fiscalizar el Metro. Según su criterio, nada más se ha visto.

Para el edil oficialista Adrián Ibarra, la iniciativa de revocatoria es objeto de rechazo total porque lo considera un intento de boicotear y desestabilizar a la actual Municipalidad. “En la administración anterior tuvimos dos alcaldes y el único resultado que obtuvimos es que hubo retraso en los proyectos, en las obras y en la calidad de vida de los quiteños”, manifestó.

Sin embargo, Ledesma invita al alcalde y a su equipo a la autocrítica y le mandó un mensaje: “si tengo mis secretarios y asesores que me dicen todo está muy bien, los concejales que me dicen ¡bravo!, no hay que hacer un ‘mea culpa’ y por otro lado la ciudadanía quiere desmembrarse en otro cantón, está clamando por obras. Si la gente dice que las cosas no están bien e incluso hay un proceso de revocatoria del mandato, algo pasa. Pienso que el alcalde tiene que sentarse solo en su oficina a reflexionar y pensar en que es hora de dar un giro de timón que cambie las cosas para que no haya una nueva desestabilización en Quito”.

Este tema, como un proceso de participación ciudadana, debe analizarse, señala Aulestia pero considera que es una muestra de que el correísmo está siendo víctima de su propio ordenamiento jurídico, pues la figura de revocatoria así como la muerte cruzada, que considera otra “novelería” y se usó en la Asamblea, fue su creación. “Ahora les está sucediendo lo mismo y esto debe ser un llamado de atención para la Alcaldía, pero nosotros no vamos a permitir la desinstitucionalización”, aseveró.

Si bien la revocatoria es una herramienta democrática, señaló el edil Diego Garrido, es anticipado decir que no se está cumpliendo con el plan de Gobierno como una causal para solicitarla. Cree que se puede ver una falta de ejecución porque hay una “pequeña laguna de planificación en la que no se dejan ver resultados”.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.