El concejo confirmó que las cámaras de reconocimiento facial no funcionan
Se pedirá la indagación de la Contraloría en la adquisición de equipos.
“Otro escándalo más en la administración de Jorge Yunda”, manifestó el concejal metropolitano Bernardo Abad en su cuenta de Twitter.
Este se refería al proceso de contratación de cámaras de reconocimiento facial, adquiridas hace dos años por la empresa municipal EC Emseguridad, con el supuesto objetivo de reducir el índice de delitos e identificar a los infractores para que fueran capturados por la Policía Nacional.
La inversión, de $ 2 millones, se usó para adquirir 119 cámaras, 78 de las cuales debían reforzar los controles en el Centro Histórico.
Pero esto no sucedió. Así lo confirmó el edil, quien preside la Comisión de Seguridad, y que decidió investigar los contratos tras una serie de denuncias.
La Fiscalía pide la prisión preventiva del alcalde de Quito Jorge Yunda por posible peculado
Leer más“Para que las cámaras fueran efectivas, según me confirmó el director del ECU-911, Juan Zapata, debían estar enlazadas a un archivo de fichas de personas con antecedentes delictivos de la Policía Judicial, para lo que no hay convenio, porque no se puede compartir esa información con ningún Municipio, ya que es reservada”, estableció.
La mesa municipal solicitó la comparecencia de Adrián Haro, titular de EC Emseguridad, quien no pudo justificar la compra de los equipos, y de César Díaz, secretario de Seguridad y Gobernabilidad, quien ratificó que estos se utilizan para los controles regulares en la urbe, pero que no cuentan con reconocimiento facial, al no tener acceso a la base de datos de la Policía, o la competencia sobre este tipo de vigilancia.
Díaz añadió que la adquisición de las cámaras se hizo durante la gestión de su predecesor, Euclides Mantilla. “Son procesos que heredé y con los que he tenido que trabajar. Advertí que estas cámaras no cumplían esa función”, señaló ante la comisión.
El proceso de compra es uno de los que está bajo la investigación de la Fiscalía General del Estado, y que involucraría al alcalde y a su hijo, Sebastián Yunda. Pese a ello, el concejo también ha solicitado la intervención de la Contraloría para que, a través de un examen especial, determine responsabilidades en el caso.
