La construcción de un cementerio pone en alerta a ocho barrios
Moradores de la parroquia Belisario Quevedo alistan acción de protección. Indican que se afectará un bosque protegido y piden la revisión de permisos
Lo primero que Miguel Recalde notó, cuando llegó a trotar en los límites del barrio La Primavera, al norte de Quito, es que varios hombres talaban árboles en las proximidades del Cinturón Verde de Quito, una de las áreas protegidas del distrito.
Comentó la novedad con sus vecinos, y estos a su vez con los dirigentes barriales. Pronto hubo una respuesta: ahí se construirá el Cenizario Urkupamba, cementerio que ocuparía 47,5 hectáreas del área verde.
Era el retorno de una pesadilla que creían concluida. Así lo explicó Andrés Haro, coordinador de la organización ‘Defensa del Bosque Protegido de Pichincha’.
“En 2015 hubo un primer intento de llevar a cabo esta obra, que en ese momento se llamaba ‘Campo Santo Altos de la Paz’. Hubo una socialización en la que participó la Secretaría de Ambiente del Municipio y el Ministerio del Ambiente y Agua. Al ver que el trazado del proyecto ingresaba en el Flanco Oriental de Pichincha y el Cinturón Verde de Quito, se negó el permiso y creímos que hasta ahí llegaba; imagine nuestra sorpresa al ver que seis años después, había sido autorizado y que se preparaba la construcción”, dijo.
¿Qué cambió? Era difícil precisarlo. Durante varias semanas, los dirigentes de La Primavera y de El Trigal contactaron con las distintas entidades del Cabildo, principalmente la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda y recibieron una extraña respuesta: que el uso de suelo determinado para este sector de la parroquia Belisario Quevedo, sí permitía esta actividad.
“No comprendíamos en qué momento se cambió el uso de suelo o por qué cuando ya se había negado el permiso”, subrayó Kléber Chalá, dirigente del barrio El Trigal. Sin mayores explicaciones o un procedimiento claro a seguir, decidieron unirse a otros barrios, entre ellos Luz de Occidente, Pedregal, Vista Hermosa y San Vicente de Las Casas para protestar en las principales vías de la parroquia.
“En 2015, cuando nos opusimos a esa construcción, nuestros temores eran los mismos que los que son ahora, que se generen deslaves por la remoción de tierras y que los crematorios provoquen contaminación del aire”, agregó Chalá.
Pero no hubo un cambio de uso de suelo, explica el concejal René Bedón, titular de esa comisión, sino un informe favorable de la Secretaría de Ambiente, que permitió que la construcción inicie. “El uso de suelo de este sector es de ‘protección ecológica’, que sí permite actividades de cementerios. Sin embargo, para que se dé el permiso se necesita la certificación de condición de implantación, que establece si el proyecto cruza o no un área protegida nacional. Sabemos la Secretaría de Ambiente emitió un informe en el que establece la realización de la construcción, pero no certifica la condición de implantación, por lo que no debería haber iniciado la construcción”.
EXPRESO consultó a la Secretaría de Ambiente sobre este documento, pero la entidad indicó que no daría entrevistas, sino que emitiría un comunicado. Hasta el cierre de esta edición este no llegó.
Tras el inicio de las protestas, el acceso a la montaña se cerró con una reja y un letrero, lo que los moradores han visto como un acto de retaliación. “Esa zona de montaña es el pulmón de nuestros barrios. Ahí corríamos o hacíamos excursiones los fines de semana. Es una decisión arbitraria que puedan cerrarla y, si les permiten construir ahí, contaminarla”, señala Miguel Recalde.
El temor de los moradores tiene mérito, pues la Declaración de Impacto Ambiental presentada por el antiguo proyecto del Campo Santo Altos de la Paz al Ministerio de Ambiente y a la Secretaría de Ambiente, cita como posibles afectaciones a raíz de la construcción el agua subterránea, la fauna y flora de la localidad, y la contaminación del aire, pero establece también parámetros para la mitigación.
El plan ambiental es similar para el Cenizario Urkupamba, pero se conocen pocos detalles adicionales sobre el proyecto, entre ellos la fecha de apertura.
La iniciativa cuenta con un Registro Único de Contribuyente, activo desde 2019, pero no consta en la Superintendencia de Compañías, ni cuenta con página web u oficina. El que sí consta es su apoderado, Andrés Carrasco Amores, quien se desempeñó como consultor jurídico del Cabildo quiteño en 2012, y ha sido socio de compañías en las áreas de construcción. Intentos de este Diario por contactar con el empresario no tuvieron respuesta.
Mientras tanto, los moradores alistan una acción de protección, que busca frenar temporalmente la edificación. “Si tenemos que ir hasta las instancias legales, lo haremos. Pero no se llevarán nuestras áreas verdes ni construirán algo que puede afectarnos a nosotros y a nuestras viviendas”, señaló el dirigente del barrio El Trigal.
Una cita con el Concejo Metropolitano
Abrir la posibilidad de recibir a la unión de barrios en la sesión del Concejo Metropolitano, solicitar informes a las entidades pertinentes y la comparecencia de los directores de las secretarías de Ambiente y Territorio, Hábitat y Vivienda serán los próximos pasos que tomará la comisión de Uso de Suelo en los próximos días. Así lo indicó el concejal René Bedón. “Es una denuncia preocupante y necesitamos tener toda la información del caso”, señaló.
