El crecimiento en Tumbaco impulsa nuevas restricciones
Con nueva medida se pretende proteger el Ilaló y zonas cercanas a quebradas
La ciudad enfrenta un desafío creciente en materia de urbanismo: según el Colegio de Arquitectos, un 70% de las edificaciones en el Distrito Metropolitano de Quito no cumple con los lineamientos técnicos ni cuenta con la aprobación de planos municipales. Esta situación ha encendido las alertas de las autoridades, quienes buscan fortalecer los controles y mejorar la normativa vigente para evitar el crecimiento desordenado y proteger las áreas ecológicamente sensibles. Como por ejemplo en Cumbayá y zonas del Ilaló, en Tumbaco.
Uno de los puntos de mayor preocupación es la preservación de las quebradas, declaradas patrimonio natural en 2012.
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Mauricio Marín, director Metropolitano de Ordenamiento Territorial, dice que estas zonas han sido incorporadas con mayor protección dentro de la normativa, incluyendo la expansión del área ecológica protegida en el Ilaló, que ha crecido de 5.700 a 6.800 hectáreas. No obstante, la presión urbanística ha propiciado la proliferación de construcciones ilegales en quebradas y zonas colindantes, lo que representa una violación directa a la normativa municipal.
El crecimiento en ciertos sectores ha sido exponencial. Datos del Municipio reflejan que en 2022 se otorgaron 219 licencias de construcción en Cumbayá y 318 en Tumbaco. En 2023, las cifras aumentaron a 280 y 374 permisos, respectivamente. Para 2024, la tendencia varió levemente, con 237 licencias en Cumbayá y 372 en Tumbaco.
Ajuste en la regulación
Este auge constructivo ha llevado a las autoridades a trabajar en una norma complementaria que permitiría integrar estos espacios en el subsistema metropolitano de áreas protegidas, lo que podría conllevar a sanciones más estrictas para quienes infrinjan la normativa. “El Ilaló aún no está incluido en este subsistema, a diferencia de las laderas del Pichincha, pero estamos en proceso de incorporarlo”, señala Marín.
Un cambio significativo en la regulación es la limitación de construcciones en predios colindantes con quebradas. En Cumbayá, por ejemplo, la normativa permite edificaciones de hasta tres pisos si no están junto a una quebrada, con una ocupación máxima del 50% del lote. Sin embargo, en terrenos contiguos a quebradas, la restricción reduce la altura a dos pisos y la ocupación de un 25% a 35% del lote. Además, se prohíbe la densificación excesiva, permitiendo solo una o dos viviendas por lote. “Esta restricción, aprobada en 2024, se aplicará a los nuevos proyectos ingresados a partir de 2025”, confirma Marín.
La planificación urbana también contempla la reducción de altura permitida en ciertas zonas del Ilaló a un solo piso, con el objetivo de desincentivar la sobreutilización del suelo. Para mejorar la fiscalización, se está implementando una zonificación comparativa entre proyectos licenciados y no licenciados, permitiendo un monitoreo georreferenciado más eficaz.
Un problema crónico en Quito
El arquitecto Felipe Corral, director de la Entidad Colaboradora del Colegio de Arquitectos, advierte que la informalidad constructiva en Quito es un problema crónico. “Más del 70% de las construcciones en la ciudad no cuentan con aprobación de planos”, subraya. Esto representa un reto significativo para el Municipio, ya que las edificaciones sin licencia pueden generar problemas estructurales, afectar la planificación urbana y poner en riesgo la seguridad de los habitantes.
Las entidades colaboradoras, como el Colegio de Arquitectos, juegan un papel clave en la revisión y aprobación de proyectos que cumplen con la normativa. En 2023, certificaron 172 proyectos en Tumbaco, pero en 2024 la cifra cayó a 134, una reducción del 18%. En Cumbayá, las certificaciones pasaron de 101 a 91 en el mismo período, reflejando una baja del 10%. Sin embargo, es la Agencia Metropolitana de Control (AMC) la responsable de inspeccionar que las construcciones se ejecuten según los planos aprobados.
El 8 de enero, una obra fue suspendida pese a contar con permisos, ya que una parte afectó la ladera y los residuos estaban contaminando el río Machángara. Ante esto, Corral insiste en la necesidad de una entidad municipal específica para el control de edificaciones, pues la AMC no logra abarcar toda la ciudad.
También advierte sobre la urgencia de erradicar malas prácticas, como la disposición inadecuada de escombros, mediante un sistema eficiente de gestión de residuos. Marín, por su parte, resalta la corresponsabilidad de los constructores y ciudadanos para mitigar el impacto ambiental y preservar el entorno.
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