Los drones, aliados en la lucha contra construcciones ilegales en Quito

Solo en el primer trimestre de 2025, se llevaron a cabo setenta y nueve inspecciones al auge inmobiliario en el cerro Ilaló. Ubicado entre los valles de Los Chillos y Tumbaco, este lugar fue declarado reserva natural en 1988. Sin embargo, en la última década se ha convertido en una de las principales zonas de expansión urbana de la capital.

Ante las afectaciones al ecosistema provocadas por la creciente presión inmobiliaria, en febrero, el alcalde de la ciudad, Pabel Muñoz, anunció que no se permitirían más construcciones en la zona. No obstante, para algunas constructoras, el anuncio fue interpretado más como una sugerencia que como una normativa. Apenas un mes después, en marzo, doce construcciones situadas en el área de influencia del volcán Ilaló fueron suspendidas por no contar con la Licencia Metropolitana Urbanística 20 (LMU20).

Pero para los propietarios más audaces, el sello de clausura municipal no siempre representa un freno. Entre enero y marzo se detectó que en varias de estas construcciones se habían roto los sellos para continuar con los trabajos. Para detener el avance de las obras, la entidad tuvo que remitir los casos a la Fiscalía.

Sin embargo, en este constante juego del gato y el ratón han surgido nuevos actores: drones de tecnología avanzada, que ahora forman parte de los operativos de control. Si bien ya se habían utilizado en años anteriores, la inversión en nuevos equipos ha sido clave para fortalecer la vigilancia, según informó a EXPRESO la Secretaría de Hábitat y Territorio.

“Hasta ahora, los equipos disponibles permitían cubrir aproximadamente 25 hectáreas en un lapso de 60 minutos, lo que limitaba la capacidad de monitoreo en zonas de rápida transformación. En contraste, la tecnología que se emplea actualmente permite obtener imágenes de mayor calidad y precisión en menos tiempo, con una cobertura ampliada de hasta 100 hectáreas en un solo vuelo de 60 minutos. Esto facilita un análisis más detallado del territorio y mejora significativamente los procesos de fiscalización”, señaló la entidad.

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¿Cómo funcionan los controles?

La entidad afirma que para el uso de drones, se organiza un cronograma, en el que se pone en agenda los sobrevuelos a las zonas de alta presión inmobiliaria urbe. Estos permiten capturar imágenes detalladas identifican características clave de las construcciones, como el tipo de material utilizado, el número de pisos y las dimensiones exactas de las estructuras. Esta información facilita la comparación con los registros catastrales y normativos para detectar posibles infracciones.

“El uso de drones optimiza los procesos de inspección, reduciendo la necesidad de visitas presenciales en terrenos de difícil acceso. Esto permite a la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y a la Administración Zonal actuar con mayor rapidez y eficiencia en la identificación de obras no autorizadas, evitando la consolidación de asentamientos irregulares”, señaló la entidad.

A esto se suman las denuncias ciudadanas, en su mayoría realizadas por los vecinos de los sectores afectados. Floresmilo Simbaña, investigador y representante de las once comunas que habitan el volcán Ilaló, señala que las recientes medidas representan un avance en el control inmobiliario de la zona, que mantiene en alerta a la comunidad debido a las graves afectaciones al ecosistema del cerro.

“Esta ha sido una lucha de años. Nos hemos tenido que enfrentar a las acciones nefastas de los traficantes de tierras, que buscan fragmentar nuestras comunas y lotizar. Y aun ahora, pese a las normativas y planes existentes, el avance inmobiliario sin control sigue siendo un problema cotidiano”, afirma.

A partir de hoy y hasta el 11 de abril, se realizarán nuevos sobrevuelos sobre el Ilaló. El Cabildo informó que las imágenes obtenidas serán analizadas por especialistas de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y de la Administración Zonal Tumbaco, con el objetivo de verificar el cumplimiento de permisos, licencias y normativas urbanísticas.

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En caso de detectarse irregularidades o ausencia de la documentación correspondiente, se ordenará la suspensión inmediata de la obra. La Secretaría de Hábitat y Territorio añadió que, en el caso de construcciones ubicadas en zonas de riesgo o protegidas, dependiendo de la gravedad de la infracción, se puede disponer la demolición de la estructura y la restauración del área afectada.

En 2024, veintiún propietarios del sector del Ilaló tuvieron que acatar esta última medida, restituyendo las áreas intervenidas.

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