No existe infracción electoral, dice el TCE
La sentencia se ejecutó cuando Guarderas asumió la Alcaldía. Jéssica Jaramillo apelará la decisión
En horas de la noche, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) rechazó la denuncia por presunta infracción electoral que habían presentado Jéssica Jaramillo y Sara Serrano en contra del alcalde en disputa, Jorge Yunda.
Para el juez ponente de la causa, Arturo Cabrera, no existió el desacato de la resolución de remoción del cargo aprobada por el Concejo Metropolitano. Una vez removido el alcalde, el puesto debía ser ocupado por el segundo al mando, es decir, Santiago Guarderas, algo que efectivamente ocurrió el pasado 19 de julio.
“Este acto administrativo de la segunda autoridad municipal que resuelve asumir la Alcaldía en reemplazo de la autoridad removida, marca la ejecución de la resolución con fuerza de sentencia, absolución de consulta ya mencionada”, detalla la sentencia.
Dos posibilidades
- Ratificación: Si el Tribunal Contencioso Electoral decide mantener su decisión de que no hubo infracción electoral, habrá que esperar a que la Corte Constitucional dirima el conflicto municipal y establezca la sentencia que prevalece y dé una decisión sobre quién ocupará el puesto del edil mayor de Quito.
- Rectificación: Si el organismo electoral decide, mediante sentencia de última instancia, modificar su decisión y establecer que existió una infracción grave, el Código de la Democracia establece que la autoridad deberá ser destituida del cargo, existirá una multa económica y/o pérdida de derechos políticos.
La resolución beneficia a Jorge Yunda, ya que de haber sido aceptada “la infracción electoral tiene una consecuencia: Yunda podía haber sido destituido de su cargo y perder los derechos políticos”, detalló el director de la escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), Esteban Ron.
Sin embargo, el caso todavía no está resuelto. La demandante, Jéssica Jaramillo, ha expresado vía Twitter que presentará una apelación en los próximos tres días laborales, lo que abrirá un proceso en última instancia que deberá ser conocido por el pleno del TCE. El organismo tendrá 10 días para presentar su resolución una vez sea admitida la causa.
“El pleno del TCE puede resolver dos cuestiones. Ratificar la sentencia del juez Cabrera o rectificar diciendo que sí hubo infracción electoral”, puntualizó el abogado constitucionalista André Benavides. En el caso de que TCE determine que sí hubo infracción, Yunda deberá abandonar el cargo.
Pero este escenario es todavía incierto, ya que sigue vigente la sentencia de la Corte de Pichincha que el pasado 30 de julio restableció a Yunda en el cargo, argumentando que el proceso de remoción había violentado los derechos fundamentales del edil mayor y que los principios de imparcialidad tampoco habían sido observados oportunamente.
A criterio de Benavides, el accionar de Guarderas de dejar la Alcaldía fue correcto. Si intentara ocuparla, podría tener problemas en el futuro por cumplir o tomar decisiones de manera ilegal, ocupando un cargo que no le pertenece. “Podría ir hasta preso”, concluyó.
