Quito

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Solo en Quito existen aproximadamente 8.000 deliveries activos en distintas plataformas digitales, según un estudio de Citec.Foto: cortesía

Quito: Expectativa en gremios por la regulación de deliveries

Asociaciones enviaron observaciones a la propuesta en la Comisión de Movilidad. Esperan conocer el primer borrador

Existen expectativas entre asociaciones de deliveries por la propuesta de ordenanza que busca una regulación para quienes brindan el servicio en Quito.

En marzo, el alcalde Pabel Muñoz presentó el proyecto de Ordenanza para la Regulación y Control del Servicio de Entregas a Domicilio-Delivery. Según dijo, la normativa tenía dos objetivos: regular esta actividad sobre la base de la dignificación del trabajo y el tránsito, así como proporcionar más seguridad a los prestadores de servicio y a la ciudadanía en la capital.

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Dos meses han pasado y la Comisión de Movilidad aún trabaja en un borrador para el primer debate en el Concejo. Fernanda Racines, presidenta de esa mesa, señaló que para esta semana estaba prevista la presentación del documento.

Aunque hay demora, la edil resaltó la unificación de dos propuestas: una de 2020, de la concejala Analía Ledesma, y la otra del alcalde. De la primera se tomaron cuatro artículos.

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Ledesma destaca de su propuesta que se identifique a quienes trabajan en las plataformas, por ejemplo, mediante un distintivo colocado en la moto o que usen uniforme para que los clientes sientan más seguridad.

Carolina Hevia, representante del Frente de Trabajadores de Plataformas Digitales del Ecuador (Frenapp), explica que en la actualidad para laborar en las apps, además de solicitarles antecedentes penales, cédula de identidad, licencia vigente, entre otros requisitos, cada repartidor, por su cuenta, debe comprar la maleta y el uniforme.

El problema, dice, es que existen decenas de páginas en redes sociales que ofertan esos artículos y prendas, y no solo eso, también cuentas. “La empresa no tiene ningún mecanismo de seguridad o de control para que se vendan por fuera”, señala.

Según Hevia, cualquier persona puede adquirir una maleta, uniforme o cuenta y delinquir, haciéndose pasar por una persona que trabaja como repartidor.

La representante considera que la propuesta perdió su enfoque inicial, que era de seguridad. Recuerda que no solo hay delincuentes disfrazados de repartidores, sino que también existen conductores de apps que son víctimas de asaltos.

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Pablo Garcés, presidente de la Asociación de Conductores de Apps del Ecuador (Asoconappe), manifiesta que en el proyecto hay varias inconsistencias que tienen preocupado al gremio.

Registro de deliveries 

Una de ellas es la creación de un registro de deliveries que incluye un pago anual. El proyecto de ordenanza establece que las personas naturales que aspiren a ser habilitadas deberán llenar un formulario de solicitud con varios requisitos.

Una vez realizado el proceso, de acuerdo con el planteamiento, en ocho días se emitirá un certificado de registro de prestadores, y la credencial, que incluirá un código QR, el cual constituirá la habilitación para el desarrollo de la actividad.

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Garcés cuestiona que haya un costo, tomando en cuenta que quienes se dedican a la actividad viven situaciones de vulnerabilidad, sin un salario digno. Además, le surge la interrogante de si en el plazo de ocho días, hasta la entrega de credencial, podrán o no trabajar. “Si paramos ocho días no tenemos sustento para nuestras familias”, sostiene.

Hevia y Garcés señalan que no se oponen a una regulación ni control, sin embargo, cuestionan que solo a los deliveries se les imponga requisitos y sanciones, mientras que a las plataformas no, debido a que no están constituidas en el país.

Desde ambas organizaciones se han realizado observaciones. Entre ellas, piden que se definan responsabilidades para todo el grupo de actores involucrados en el negocio. “Las empresas deberán ser las principales responsables, pues son ellas las que están lucrando de esta actividad en Quito”, menciona Hevia.

El 9 de abril, la representante de Frenapp envió una carta a los integrantes de la Comisión, expresando su negativa al proyecto. “¿Cómo se pretende abordar de manera adecuada la inseguridad y los conflictos de movilidad relacionados con el servicio de delivery sin considerar las responsabilidades de las empresas que lo ofrecen?”, dice un extracto del texto. 

EXPRESO solicitó una entrevista con Racines y hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta.

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