Quito

El supuesto abogado habría pedido grandes cantidades de dinero a su clienta.
El supuesto abogado habría pedido grandes cantidades de dinero a su clienta.CANVA

Extorsión en Quito: Fiscalía formuló cargos en contra de un falso abogado

5.000 dólares habría pedido un hombre; podría ser condenado a 5 a 7 años de prisión

Ayer, martes 17 de septiembre del 2024, la jueza de Flagrancia ordenó medidas alternativas a la prisión preventiva para Pablo Enrique S. B. Él se hizo pasar por abogado y habría solicitado el pago de 5.000 dólares a su clienta, una mujer investigada en una de las fiscalías de Pichincha.

El hombre le habría dicho a la clienta que para lograr el archivo del proceso, habría entregado esa cantidad de dinero al fiscal que lleva su caso. De lo contrario, la enviaría a prisión y le quitaría a su hijo. Además, este hombre aseguró ser uno de los abogados del máximo líder de un grupo de delincuencia organizada.

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La mujer, desesperada y llorando, acudió al despacho de la fiscal el viernes 13 de septiembre para pedir que le devolvieran el dinero. Los funcionarios se sorprendieron con el relato y le aclararon que por su trabajo, la Fiscalía General del Estado no cobra nada. Le aseguraron que ninguno de los servidores públicos cobra dinero.

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En ese momento, la víctima habría telefoneado a su abogado, frente a personal de la Fiscalía. Pablo Enrique S. B. supuestamente le respondió que entregó ese dinero y le sugirió no acercarse a la Fiscalía.

En una cafetería se confirmó la extorsión

La tarde del lunes 16, en una cafetería ubicada en las calles Roca y Amazonas, en el centro norte de Quito, la mujer le dio 200 dólares en un sobre al supuesto abogado. El hombre fue aprehendido en delito flagrante, de acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía. Se le formularon cargos por extorsión. La instrucción fiscal durará 30 días.

La Fiscalía informó que este caso se investiga basándose en el artículo 185, inciso segundo, numeral 2, del Código Orgánico Integral Penal. Este determina pena privativa de la libertad de cinco a siete años, para quien, con el propósito de obtener beneficio personal o para un tercero, bajo cualquier medio, exija u obligue, con violencia o intimidación, a un pago o entrega de bienes, con la que se mantiene una relación laboral o familiar.

Al momento, el hombre se encuentra con prohibición de salida del país, así como de enajenar bienes y con presentaciones diarias ante la Fiscalía Especializada en Patrimonio Ciudadano, donde recayó su caso por sorteo, según la Fiscalía General del Estado.

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