Falsos empleados de delivery ponen en alerta a negocios de Quito
Serían los mentalizadores de una nueva forma de robo, alegando que son parte de una app. Un proyecto de ordenanza de regulación quedó insubsistente
Una nueva modalidad de robo a través de falsos repartidores de comida o delivery ronda por algunos establecimientos de Quito, desde hace cuatro semanas aproximadamente.
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Leer másLo confirma Luis Vélez, administrador de un restaurante ubicado en la avenida República de El Salvador (al norte de la ciudad) y miembro de un gremio de propietarios de negocios de comida.
A través de una alerta difundida en chats comunitarios se conoció que falsos repartidores estarían ingresando a los locales comerciales de diferentes puntos del centro y norte de la urbe, indicando que están levantando información para una nueva aplicación de entregas puerta a puerta.
“Una vez que entran, sorprenden a la gente y piden información sobre cuántas personas trabajan en el lugar, en qué horario, a qué hora cierran, averiguan si tienen cámaras y demás elementos de seguridad y se cercioran del sitio donde está la caja del dinero. Supimos que con esa información ya intentaron atracar a un colega, quien se salvó porque empezó a llegar mucha gente al local. Es un arma de doble filo este servicio que de una u otra forma nos vemos obligados a ocupar. Necesitamos regularización y mayor control por parte de las autoridades”, dice Vélez.
A propósito de la indiscriminada presencia de repartidores en las calles de Quito, el pasado miércoles 22 de febrero de 2023 se registró un atraco a un establecimiento de comida en el sector de La Coruña, al norte. Según la policía, seis sujetos, dos de ellos fingiendo ser repartidores y portando la mochila y casco, habrían ingresado a un negocio de comida para asaltar a los comensales. Estos mismos también estuvieron involucrados en el atraco del jueves 23 de febrero efectuado en una pizzería de la misma zona. La modalidad fue la misma, pero esta vez uno de los sospechosos murió a manos de un guardia de seguridad, quien respondió a los disparos que propinaron los asaltantes al ser enfrentados por el uniformado privado.
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Leer másPara Gobelys Tineo, administradora de una cafetería ubicada en La Mariscal, la falta de normativas municipales permite la ejecución de estos delitos, principalmente porque no se controla quiénes trabajan en estas plataformas digitales privadas, y también por la facilidad que dan para que cualquier persona se registre en una de ellas, lo que da pie a delinquir bajo esa fachada.
“No tenemos certeza los propietarios, peor los clientes, de qué tipo de personas vienen y se llevan la comida o los encargos. No hay seguridad de nada. La única garantía que tenemos a veces son las estrellas y comentarios que los clientes les dan a los repartidores”, agrega.
Desde el Municipio, la reelecta concejala Analía Ledesma revela que los impases con este servicio ya fueron previstos y puestos en consideración en el pleno del Concejo, pero jamás se dio paso a la aprobación de la ordenanza que propuso, que planteaba efectuar un inventario de todas las motos dedicadas a delivery, el cambio de color de las placas para mayor facilidad de identificación y la dotación de uniformes especiales para estos trabajadores. La entidad responsable pudo ser la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).
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Leer más“En abril de 2020 elevé esta ordenanza, pero hicieron caso omiso. Buscaba con este documento que no haya precarización laboral y precautelar la seguridad. A los miembros del Concejo les pareció que no era importante, porque no habría robos, dijeron. Y tres años después ya vemos lo que sucede. Esto se promovió a la Secretaría de Movilidad, pero siempre pasaban de una entidad a otra sin dar respuesta. Al final la AMT dijo que no tenía presupuesto para estos trabajos, cuando solo el 16 % del presupuesto del Municipio se usa para proyectos de inversión y el 30 % en sueldos. Es inaudito”, concluye.
Para este nuevo período municipal, Ledesma se muestra optimista de que se pueda dar consecución al proyecto presentado, principalmente para el beneficio ciudadano.