La falta de obras aqueja a la ruralidad y la alejan de Quito
La desatención en obras llevó a nueve parroquias a solicitar su cantonización. Un recorrido evidencia la problemática
El anunció del pedido de cantonización de nueve parroquias de Quito cayó como un balde de agua fría a las autoridades locales.
El pedido, impulsado por la Junta Cívica del Valle del Ilaló, era claro: el deseo de quebrantar la actual extensión del Distrito Metropolitano Quito (DMQ) responde a una falta de atención a estas parroquias, en las que se incluyen Tumbaco, Cumbayá, Nayón, Puembo, Pifo, Yaruquí, El Quinche, Tababela y Checa.
Frente al inicio del trámite, que es analizado por el Gobierno Nacional, el Cabildo quiteño aprobó el Proyecto de Resolución a favor de la indivisibilidad y unidad del cantón Quito, que garantiza, como lo dice su nombre, la indivisibilidad territorial del DMQ.
Con la aprobación, no obstante, vino una tregua: el alcalde Pabel Muñoz aseguró que se reforzarán las capacidades de las administraciones zonales, se aumentará la presencia del municipio en el territorio y se equipararán las diferencias entre lo rural y lo urbano empezando por un fondo para la ruralidad de 15 millones dólares.
Pese a ello, Juan Fernando Serrano, presidente de la Junta Cívica del Valle del Ilaló, considera que las resoluciones no eran suficientes para frenar el proceso. “Son manotazos de ahogado frente al descuido que viven nuestras parroquias”, señaló tras la aprobación de la resolución. Agregó que esta no tenía validez jurídica, pues el proceso responde a instancias superiores.
Y con él concuerdan varios de los presidentes y representantes de los GADs parroquiales, quienes puntualizan y enumeran las carencias de sus parroquias.
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“Las quejas que tenemos como ciudadanos son reales y no pueden ser silenciadas por una resolución”, comentó en una entrevista Jaime Crow, representante de Pifo para la Junta Cívica. Este indicó que entre los múltiples problemas que enfrenta la parroquia están la insuficiencia de servicios básicos y plantas de tratamiento de aguas servidas y la falta de un plan territorial organizado.
Pifo, según datos del Cabildo, cuenta con un índice de pobreza del 64% solo superado por Checa con un 69%.
Otra queja es la falta de inversión en vialidad y en seguridad, como explica Fran Vargas, titular del GAD de Yaruqui.
“Tenemos que estar golpeando puertas con el municipio y la prefectura para conseguir por ejemplo cámaras de seguridad”, la idea es facilitar el acceso a esos recursos”, comento.
Falta de aceras y paraderos
Una de las quejas recurrentes desde Cumbayá hasta Pifo es la falta de aceras en vías principales y secundarias, lo que dificulta la circulación de los moradores, especialmente de niños y adultos mayores.
Vecinos señalan que pese a numerosos pedidos, en las vías principales de la mayoría de cantones esta es una obra que queda en deuda, pese a que más del 70% de usuarios se moviliza a pie o en transporte público.
Vías en mal estado
En parroquias como Tababela y Checa solo las vías principales están asfaltadas y no todas se encuentran en buen estado. En barrios como Santa Rosa de Tababela, la mayoría de vías son empedradas o de tierra.
Este índice se reduce en Yaruquí y El Quinche, donde hay mayores avances en pavimentación y adoquinado. Pese a ello, vecinos reclaman los limitados fondos disponibles para estas obras.
Productividad y turismo
La ruralidad quiteña presenta algunos de los índices de pobreza y desempleo más altos del DMQ. Para los moradores, no hay suficiente inversión en capacitación laboral o en difusión de la producción agrícola de las parroquias.
Otra queja es que, pese a que cada una de las nueve localidades tiene atractivos turísticos, no se les da mayor relevancia ni se las promueve dentro de la ciudad capital como destinos cercanos.
Las rencillas internas se hacen sentir
Para lograr la cantonización, las parroquias deben enfrentarse a un extenso proceso. Tras ingresar documentos que requieren para el proceso en el Ministerio de Gobierno y con el Consejo Nacional de Límites, aun esperan un informe de factibilidad de la Prefectura de Pichincha.
Una vez completados los requisitos el presidente de la República debe presentar la iniciativa para dividir el territorio nacional y tras ello el Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá convocar a una consulta popular.
Esto asegura Serrano no enmarca en enfrentamiento con el municipio. “Estamos luchando por un derecho que está dentro de la Constitución, que es la participación ciudadana y con nuestras propuestas que están enmarcadas dentro de la ley”.
Sin embargo, otro problema al que se enfrentan es a las rencillas internas en cada parroquia, donde no todos los moradores se han querido sumar a la propuesta, incluido algunos presidentes de los GADs, como lo son los de Pifo y Puembo.
Carlos Olmedo, representante de esta última parroquia, favorece un acuerdo para mejorar la redistribución de recursos y así solucionar los problemas emergentes. Con el concuerda Juan Sánchez, de Checa, quien asegura que una administración zonal que atienda directamente a estas parroquias facilitará sus dificultades.
“Para la región del Chocó Andino esa fue una mejor opción a la cantonización porque se podría descentralizar ciertas trabas que tenemos”, indicó.
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