Un fuerte golpe para las imprentas
Este oficio está por perderse con la facturación digital. 70 mil personas podrían verse afectadas por este cambio de sistema
Los artesanos gráficos dicen que se ‘comerán’ la camisa en cuanto entre en vigencia la obligatoriedad de emitir facturas electrónicas, el próximo 29 de noviembre.
Carlos Flores tiene su imprenta en el barrio América, centro de Quito, sector que se ha caracterizado desde hace 40 años por la presencia de este tipo de negocios, que poco a poco han ido cerrando.
“Primero fue la pandemia. Ahora la estocada final es que las facturas ya no serán físicas”, comentó Flores durante una protesta que realizó el gremio frente al Palacio de Carondelet.
La mayoría de estos negocios sobreviven con la emisión de los recibos de papel. En su caso, no tiene más opciones, puesto que ahora “también lo digital le ha ganado terreno al papel”, expresó preocupado.
En su caso, cinco familias se verían afectadas y quedarían sin sustento. “Ya no alcanzará para pagar sueldos, seguro y prestaciones”, lamentó el hombre.
Flores, de 54 años, aprendió este oficio desde joven. Y buscar otro empleo tampoco sería una opción para él. “Es lo que sé hacer, de esto viví siempre y me duele ver que puede morir”.
Unas 50 personas, en su mayor parte dirigentes de este gremio, llegaron el pasado lunes a la Plaza Grande, centro de Quito, desde diferentes provincias, para pedir al Gobierno Nacional que revise la medida tributaria.
“No queremos que no haya facturas digitales, sino que haya un tope de declaraciones”, dijo Mario Ron, presidente de la Federación Ecuatoriana de Artesanos Gráficos.
Otra demanda del gremio es que exista un techo en la contribución que determine el uso de las facturas físicas.
“Quienes facturen menos de 300.000 dólares al año que sigan facturando físicamente”, es otra de las propuestas que piden revisar a las autoridades.
Asimismo, con el sistema tributario Rimpe, destinado para emprendedores, sugieren que el tope sea de 120.000.
Héctor Espinoza, representante de Guayas, mencionó que al menos 70.000 empleados corren el riesgo de perder sus trabajos. “Tomando en cuenta a sus familias, son unas 120.000 personas en la precariedad”, estimó.
El día de la protesta tuvieron una reunión con varios funcionarios del Gobierno, entre ellos Mayra Villarreal, coordinadora de conflictos de la Presidencia. Ella se dirigió a los manifestantes y ofreció confirmar una conversación con el bloque de legisladores de CREO, para determinar qué cambios pueden aplicarse en la normativa.
