Quito: Funcionaria es cuestionada por una reforma y supuesto acoso

Un desacuerdo entre ediles en la última sesión ordinaria del Concejo Metropolitano de Quito develó un problema mayor y dudas con respecto de un proyecto de reforma en una ordenanza que rige el Consejo de Protección de Derechos (CPD) de la ciudad.

Mientras el concejal Wilson Merino preguntaba a María Gloria Pérez, la secretaria ejecutiva encargada del organismo, sobre su experiencia laboral, su relación con el personal y su formación académica, las concejalas Joselyn Mayorga, Diana Cruz y Estefanía Grunauer lo acusaban de supuesta violencia política y de género.

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Su argumento: el debate no era sobre la idoneidad de Pérez para el cargo sino sobre una propuesta para modificar la ordenanza que norma la designación del titular de la Secretaría Ejecutiva del CPD.

Pero Merino, en su curul, y varios usuarios en redes señalaron que este tema no era violencia política ni de género y lo sostuvieron después. “Respeto a la mujer como el que más y el mayor símbolo que he tenido es mi madre, pero pedir un currículum a una funcionaria va más allá de eso. Los funcionarios públicos tenemos que acostumbrarnos a ello”, aclaró el edil.

Actualmente, el Código Municipal señala que para este cargo la persona participará de un concurso de oposición y méritos y deberá probar su experiencia y formación especializada en Derechos Humanos o políticas públicas y su título de tercer nivel debe ser en Ciencias Sociales.

Reforma a ordenanza

La propuesta de reforma que Pérez presentó pretende que el alcalde, Pabel Muñoz, proponga una terna y amplía el espectro: los nominados deberán tener título de cuarto nivel en Derechos Humanos o en el Derecho Constitucional. “Me llama la atención porque la funcionaria tiene título en esa área y la reforma tiende hacia ese perfil. Además, ella no tiene experiencia en Derechos Humanos”, dijo Merino.

EXPRESO intentó contactar a Pérez a través del área de Comunicación del CPD desde el martes pasado, pero solo respondieron que “la Secretaria Ejecutiva no da declaraciones”.

Desempeño de María Gloria Pérez

Pero, en su perfil de Linkedin se constató que en su descripción laboral destaca su experiencia en la “elaboración de propuestas normativas”. No se menciona nada con respecto de experiencia en el campo de los Derechos Humanos.

Entre sus cargos anteriores se destaca su ingreso a Senplades, cuando Muñoz era su titular y luego, su trabajo en la Asamblea, entre junio de 2017 y septiembre de 2018, como asesora del actual alcalde. Antes de asumir su cargo como secretaria ejecutiva encargada del CPD, Pérez ingresó en mayo de 2023 a otra área municipal.

Para Sybel Martínez, quien fue vicepresidenta del CPD, es motivo de asombro que se pretenda designar a la persona a cargo de la Secretaría Ejecutiva de este organismo a través de una terna, luego de que se ha peleado tanto para mantener una autonomía del organismo, como un espacio de participación ciudadana que busca trabajar de forma simbiótica con las autoridades, pero que también presiona por respuestas.

Ella señala que ha faltado interés para realizar el concurso de méritos y oposición, que es lo que se alega para cambiar ahora las reglas del juego. Sin embargo, señala que si bien eso es una negligencia, no significa que la meritocracia no sea válida, porque el secretario ejecutivo debe rendir cuentas a la sociedad y no a la autoridad.

Martínez rescata que el alcalde Muñoz ha presidido sesiones del CPD y ha mostrado interés en el tema, porque otros burgomaestres solo enviaban delegados, pero vería como un error cambiar el procedimiento de designación del secretario ejecutivo. “Parecería ser que están adecuando el cargo a una persona y una persona al cargo, pero si por algo se ha luchado es por mantener la autonomía. (...) Si se pregunta si alguien está preparado para un cargo, no es violencia de género”, aseguró.

Propuesta de la sociedad civil

Sobre el tema, la concejala Mayorga aclaró que la reforma fue una propuesta desde la sociedad civil y se diseñó luego de estudiar modelos de consejos similares en otros cantones donde funcionan bien y se colocó el requisito de cuarto nivel porque la ley nacional plantea un escalafón que exige cierta formación según la remuneración. “Cabe resaltar que María Pérez tiene un encargo y evidentemente no estamos buscando que ella se mantenga ahí”, dijo.

Por otro lado, Merino y Martínez conocieron sobre denuncias de acoso laboral en contra de Pérez. EXPRESO recibió un testimonio de “tratos hostiles y crueles con ciertos funcionarios”. Una persona, que pidió reserva por temor a perder su cargo, señala que ha pensado en renunciar, pero debido a sus obligaciones no lo ha hecho.

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Según su relato, la tarde del incidente en el órgano, Pérez habría llegado a reclamar a gritos porque lo que ocurría en las oficinas se conocía en el Concejo e incluso habría un intento de agresión. Del hecho también se enteró Martínez, quien subraya que “si hay algún espacio que no puede darse el lujo de vulnerar derechos, es uno como este”.

Hasta el viernes 9 de agosto de 2024, Mayorga no había recibido denuncias pero ofreció que se atenderán las alertas en la Comisión de Inclusión Social. “Es importante que no polemicemos sobre este tema, sino salvaguardemos la integridad de las personas y esperamos tener contacto directo con ellas y hacer una fiscalización”, señaló.

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