Quito: Habrá corredores para el trabajo sexual en el Centro Histórico

“La mayoría de crímenes fueron por estrangulamiento. Ya en la habitación, al momento que están de espaldas, ahorcan a las compañeras. Los asesinatos que recuerdo fueron así, ninguno ha sido con armas”, cuenta Nelly Hernández en el hostal El Paraíso Quiteño, cerca de la Plaza de Santo Domingo.

Es la dirigente de la Asociación “Visión para el futuro”, lleva el cabello atado en una trenza y viste de negro. Durante 24 años, ha registrado 68 femicidios en el Centro Histórico, cuyas víctimas fueron sus colegas: trabajadoras sexuales. Muchos de esos casos no han salido a la luz porque fueron “ocultados por la vergüenza de las familias”.

Hace dos semanas, montó con sus compañeras la obra de teatro comunitario ’68 Sombrillas’, en la Plaza del Teatro, como un homenaje a esas víctimas. A la última la encontraron sin vida sobre una cama, boca abajo, el 3 de abril de 2023. “Trabajaba en esta plaza, se llamaba Vanesa y dejó a una niña de tres años en orfandad, en Colombia”, recuerda Hernández. “La condena fue de cuatro años, por homicidio involuntario. Una injusticia”.

Después de soportar desalojos y hacer plantones, esta dirigente presentó una Acción de protección que en marzo de 2023 fue aceptada parcialmente por un juez. Como medida de reparación, se dispuso que el Municipio de Quito elabore un ‘Plan integral de regularización’ y “determine un lugar adecuado para que las trabajadoras sexuales ejerzan su actividad” con parámetros de seguridad, higiene y salud.

“El Municipio está en su prórroga para establecer las garantías”, sostiene la activista. Lo que exige es que a los hostales en que actualmente trabajan se les entreguen los permisos para casas de trabajo sexual. “Lo que necesitamos es seguridad, somos parte de la comunidad”, insiste.

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Según cifras que maneja el Municipio de Quito, en el centro, 89,8% se identifican con el género femenino; 5,4% son de la comunidad LBGBTIQ+ y 4,8% son hombres. De las 266 encuestadas, 8,6% respondieron que “alguien las obligó” a iniciarse en el trabajo sexual. El documento que renuevan cada mes las trabajadoras es el “carné profiláctico” (Certificado único de salud), para el cual deben realizarse exámenes médicos.

Los avances están en un borrador

José Morales, secretario de Hábitat y Ordenamiento Territorial, ha señalado que las condiciones para ejercer el trabajo sexual serán parte de las normativas adicionales al Plan de uso y gestión del suelo (PUGS). Y aclara: “eso no significa que mañana puedan tener una licencia, tampoco pueden trabajar en cualquier lado”.

En algún momento, se habló de la posibilidad de que las trabajadoras sexuales tengan algún tipo de licencia como la de los comerciantes autónomos (PUCA), explica Morales. Sin embargo, “Hay gente que aún ve el trabajo sexual con mucho prejuicio. Se trata de lograr el equilibrio entre las posibilidades de trabajo y de respetar también el derecho a tener una normal convivencia con los vecinos. Es un tema bien complejo”. En lo que se ha avanzado es en la base jurídica.

La Secretaría de Inclusión Social encabeza el proceso de regularización. En esa cartera, a mediados de junio, Belén Proaño fue remplazada por Silvana Haro. Se designó a Lorena Herrera para la Dirección Metropolitana de Prevención de Violencias, protección y atención a sus víctimas.

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Herrera explica que están trabajando con base en el “Mapa de calor”, realizado por las Carteras de Seguridad y Riesgos, en los que se identifican los sectores donde más incidentes hay en el centro. Uno de estos es la Plaza del Teatro. Allí, a unas cinco cuadras de los palacios municipal y de gobierno, el trabajo sexual es visible en la esquina de Esmeraldas y Guayaquil o tras el Centro comercial ‘Gran Pasaje’, en la calle Vargas.

Herrera habla de una estrategia que incluirá la instalación de alarmas, expendios de preservativos, reforzar los “sistemas de cuidado para todas las edades”. Entre las sexorservidoras del centro, un 5,9% son mayores de 60. El mayor porcentaje (38,2%) tiene entre 40 y 49 años. Las más jóvenes, apenas un 6,5%, son menores de 30 años.

Para prevenir la violencia, se activarán los “servicios de protección por razones de género a través de nuestro Centro de equidad y justicia”, comenta Herrera. Y, aunque no habla de plazos, añade que incluirán programas de educación, acceso al bachillerato acelerado y becas para los hijos de las sexoservidoras. 217 tienen más de un hijo (81,6 %), según datos de Inclusión. De 266 encuestadas, sólo 15 respondieron que no tiene hijos.

“Nos interesa que la actividad se realice en los lugares y en esos perímetros donde vamos a garantizar toda la seguridad, se va identificado algunos corredores donde ellas trabajan, pero hay que decidir”, señala Herrera. “No podemos pasarnos de este año”, dice Morales al hablar de fechas.

Tampoco hay presupuestos definidos. “En la primera fase de implementación esto será parte del presupuesto asignado al Municipio para este año”, cuenta Herrera, “para los años siguientes se verá en los POA (Plan Operativo Anual) los recursos disponibles”. La distancia de centros educativos también determinará si se otorgan permisos.

Para el investigador Marco Panchi –que ha tratado el tema del trabajo sexual desde 2015–, “quienes son las indicadas, tienen la voz autorizada, para mostrar o pensar en estos procesos de sensibilización son las mismas trabajadoras sexuales. Hay mujeres valiosísimas, que están formándose en talleres, diálogos para construir un discurso de dignificación, en las propias asociaciones”.

Se añadirá un “componente social, de capacitación y de sensibilización para los diversos actores”, señalan en la Cartera de Inclusión. Sin embargo, Herrera no estaba al tanto de la obra de teatro comunitario ’68 Sombrillas’.

Las funcionarias consultadas para este reportaje han repetido que las sexoservidoras suelen ser víctimas de delitos que también preocupan a otros trabajadores. “Ellas tienen claro cuáles son los problemas, tienen claras también cuáles son las propuestas de solución”, coinciden Herrera y Morales.

En La Mariscal hay menos control

En la que fue la ‘zona rosa’, al centro norte de la ciudad, la oferta sexual es común entre semana. Las sexoservidoras se apuestan en los bajos del Puente de El Guambra, sobre las aceras de las avenidas Pérez Guerrero o 9 de Octubre.

La clientela la buscan mientras haya sol en la calle 18 de Septiembre, cerca del Hostal El Trébol. Al frente, sentada junto a la reja de un parqueadero, Yuliana, de 31 años usa jeans y un saco negro, apretado. No lleva certificado de salud. Sonríe a los transeúntes, comenta que el precio por servicio es de 15 dólares. $1 más que la tarifa más cara en el centro.

“El trabajo sexual de las pobres es el que lamentablemente siempre se ve mal y sale perjudicado”, considera Nelly Hernández. “En el chongo, burdel o casa de citas hacen lo mismo que nosotras, pero por pobres estamos precarizadas”.

La “falta de oportunidades” fue la razón que impulsó a un 35,5% de personas a ejercer esta actividad en el Centro Histórico, según el Diagnóstico de Trabajo Sexual Callejizado (2022 y 2023) que realizó la Secretaría de Inclusión. Solamente el 8,6% de sexoservidoras recibe algún tipo de ayuda económica; el 91,4% no recibe apoyo fiscal.

Un borrador de proyecto de ley fue entregado a la Asamblea Nacional para regularizar el trabajo sexual y que, como exige Hernández, “se brinden oportunidades, financiamiento a las trabajadoras para que tengan una casa y atención en salud”.

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En el documento –que recibió en junio pasado la Consejo de Administración Legislativa (CAL) del Parlamento– se considera que las mujeres y personas transfemeninas que ejercen trabajo sexual en Ecuador, especialmente quienes captan a sus clientes en las calles y espacios públicos, reportan que cada día enfrentan situaciones de desprotección, abuso policial, intervención de bandas delincuenciales vinculadas con narcotráfico que las extorsionan, obligan a vender droga, explotan y amenazan.

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