Incendios: Quito busca sentencias compatibles con los daños
En otras ciudades de la región se sanciona con hasta 20 años de cárcel el delito de provocar incendios forestales
Este 6 de noviembre de 2024 se desarrollará la audiencia en contra de Jerson Smith Coca, a quien el 26 de septiembre se le encontró con una fosforera y cables, con los que habría propagado un incendio en la Eloy Alfaro y Las Palmeras, norte de Quito; un testigo presentó un video del hecho, grabado con celular.
(Te invitamos a leer: Feriado deja 122 arrestos por embriaguez en Quito)
Es la segunda diligencia de esos casos que se realiza, después de que ayer, 5 de noviembre, Dylan Arteaga fue sentenciado a ocho meses de cárcel y a pagar una multa de cuatro salarios básicos unificados, como autor del incendio de Guápulo.
La Secretaría de Ambiente debe determinar el valor de la remediación ambiental, la reparación a la biodiversidad y el monto económico a cancelar.
En una semana será la audiencia de Juan Fernández., a quien también la ciudad le acusa de haber prendido fuego en la zona del río Chiche.
Desde el 2012, Quito enfrenta incendios forestales de gran magnitud. Los de este septiembre hacen que el 2024 se ubique entre los cinco años con quemas más importantes. Solo entre Guápulo y el cerro Auqui, en el oriente de Quito, se consumieron alrededor de 200 hectáreas.
Los casos de incendios en Quito, según la Fiscalía
Según datos de la Fiscalía General del Estado se registran 34 incidentes por el delito de incendios forestales y de vegetación, desde agosto hasta octubre, en Quito. Cinco de ellos están en instrucción fiscal, uno tiene sentencia y el resto, en investigación previa.
De las 18 denuncias presentadas por el Municipio y el Cuerpo de Bomberos se ha ubicado a nueve de los responsables. Hay cuatro detenidos.
El taxista Juan Borja, quien prendió fuego a unos arbustos en La Gasca y que en una entrevista televisiva aceptó el delito, está en libertad. Pero usa grillete, debe presentarse periódicamente y no salir del país. Se inició una investigación (instrucción fiscal), por 90 días, desde el 17 de octubre.
El 27 de septiembre, el Cuerpo de Bomberos y el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, anunciaron que finalmente se había liquidado el incendio de Guápulo, que empezó el 24.
El 25 se declaró a la ciudad en emergencia. Un mes y 10 días después, la Procuraduría pule un proyecto de reforma, para endurecer las penas contra quienes inicien el fuego.
¿Por qué aumentar las sentencias?
En estos días, la Procuraduría presentará al burgomaestre la propuesta. Actualmente, de acuerdo con el artículo 246 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que trata sobre incendios forestales, hay una pena de uno a tres años de privación de libertad para quien provoque directa o indirectamente incendios o instigue la comisión de tales actos, en bosques nativos o plantados.
El objetivo de los abogados de la ciudad es que se revise el tipo penal, ya que la sanción de hasta tres años no resulta compatible con el daño causado. En septiembre, seis casas resultaron destruidas y otras afectadas.
Además, a la Procuraduría le parece que el COIP se concentra solo en temas ambientales y zonas de protección. La reflexión es que incendios, como los que enfrentó Quito en septiembre, provocan daños mucho más graves en otras zonas, a seres humanos, bienes y al ambiente.
La idea es que Muñoz lleve el proyecto de reforma a su bancada, la Revolución Ciudadana (RC, correísmo), que ahora tiene la presidencia de la Asamblea.
¿Cómo son las sentencias por incendios en otros países?
En otros países de la región, las sanciones son severas. Por ejemplo, en Chile, se castiga con cinco años y un día hasta 20 años de cárcel para quien inicie incendios forestales. En Colombia, hasta 15 años. En Perú llega a 12 años.
Pero, ciudades de la región se enfrentan a casos como el de Valparaíso vivió el peor incendio de los últimos años, con 137 muertes, provocado por un bombero voluntario y un brigadista, que querían más tarea, para cobrar horas extras.
En España, si se daña la integridad física de personas, a causa del fuego, la sanción es de 10 a 20 años de cárcel. Sin embargo, hay unos 20 privados de la libertad, pese a los titulares de que se detuvo al autor de 13 o 18 quemas, ya que resulta complicado probar el delito.
Otras opiniones
Para Christian Rivera, especialista en gestión de riesgos, hay que apostarle más a la prevención. “Hay que generar contenidos para niños, trabajar con la comunidad y generar alertas tempranas ante incendios de gran magnitud”.
María Teresa Pasquel, asambleísta de Gente Buena, cree que las sanciones vigentes en el COIP son blandas. Presentó un proyecto de Ley Reformatoria a varias leyes para sancionar el terrorismo ambiental. El responsable enfrentaría de 15 a 25 años de prisión.
Muñoz ha dicho que 99% de incendios son provocados, por gente que no calculó que la dirección del viento es incontrolable. “Y por criminales, casos delictivos; coincidimos con el Gobierno en que se trata de terroristas”.
¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!
