Un incompleto museo de la memoria

El Museo de la Memoria está ubicado en la Sala Juan Villafuerte, subsuelo del Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCyP), en la avenida Cristóbal Colón, norte de Quito. Se instaló donde antes se montaban exposiciones temporales. Algunas preguntas de los visitantes las resuelven mediadores, de forma escueta, y hasta suele admitirse que falta mucho por hacer.

Entre enero y marzo, siete funcionarios del Museo Nacional y tres del MCyP, “dedicados en un 85 % en la elaboración del guion museológico y montaje” de la muestra, contaron con un presupuesto de 25.940 dólares para su trabajo. En adecuar la sala, se invirtieron 290 dólares de la Dirección Administrativa en adquisición de materiales de construcción y para los suministros de oficina requirieron de 185 dólares más.

Hay expedientes que, en dos archivadores del fondo de seis cajones cada uno, contienen los hechos violatorios a los derechos humanos ocurridos en el período 1984 - 2008, que investigó la Comisión de la Verdad. Una de las medidas de reparación, judicialización y reformas institucionales fue justamente la creación de este museo.

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Se abrió a fines de marzo y ha recibido visitas de estudiantes que no se han enterado sobre quién es responsable directo de la curaduría porque no aparece en las cédulas de la muestra que se “implementó” en tres meses.

Para mediación y ambientación adicional, la cartera de Cultura ha previsto contratar servicios y pagar honorarios que costarán 18.840 dólares. En su producción están trabajando con otros especialistas.

Uno de ellos es Rodrigo Garzón, quien trabaja como analista de gestión documental en el Archivo Histórico Nacional. Señala que levantarán datos a través de encuestas y habrá reuniones con varias organizaciones para ampliar de forma colectiva el museo. Es hermano del escritor Gustavo Garzón, quien desapareció la madrugada del 10 de noviembre de 1990, durante el gobierno de Rodrigo Borja Cevallos (1988-1992).

Un lugar inadecuado

La subsecretaria de Memoria Social del MCyP, María Carla Freile, ratifica que sus equipos trabajaron con base en la investigación de la consultoría realizada en 2018. Sin embargo, uno de los interventores de esa firma, el sociólogo y docente Hernán Reyes, considera que es una “exposición de muy mala calidad, bastante deprimente”.

El objetivo del Museo de la Memoria es representar 118 casos de graves violaciones a los derechos humanos, documentados en el reporte al que la Comisión tituló “Sin verdad no hay justicia”. Palabras que quedan grandes incluso después de escuchar a los mediadores, quienes se alternan para recorrer el museo en diez minutos.

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Tras un telón en que se exhibe un documental realizado por la propia Comisión de la Verdad, se nota que los objetos que pretende recrear aquella época son parte del propio MCyP. “La ambientación del Museo de la Memoria” se terminó de montar con 16 bienes muebles valorados en unos 1.500 dólares, señala la subsecretaria.

Pese a que en la sentencia, la Corte Constitucional no especifica un lugar para la ubicación del museo, la experiencia en repositorios de este tipo en países como Chile, Brasil o Alemania dan cuenta de la importancia de situarlos justo en las zonas donde se suscitaron los hechos que se quieren recordar.

“Tal como estuvo previsto en la consultoría, el museo debió haber sido hecho in situ, es decir, en la actual Unidad de Vigilancia Comunitaria Manuela Sáenz del centro de Quito”, dice Reyes. Pero en el SIC 10 (Servicio de Investigación Criminal de Pichincha), sobre repisas, solo hay cuatro fotos, en las que no aparecen victimarios.

“Desde 2018, el MCyP ha realizado numerosos esfuerzos y propuestas al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional para instalar el museo en el ala norte del Regimiento N.° 2 Quito”, señala Freile. Ese año, las carteras del Interior y de Cultura firmaron un convenio para agilizar la creación del Museo de la Memoria, eso derivó en que los consultores recomendaran que sea en ese espacio.

A decir de la Subsecretaria, “el lapso de cuatro meses, desde que se inició la gestión de la actual ministra (Romina Muñoz), es bastante estrecho para llegar a acuerdos interinstitucionales y comodatos, e incluso para crear un museo en el ministerio, un proyecto que no se ha realizado en los últimos 11 años”.

Figuras ausentes

La única representación del expresidente León Febres-Cordero (que estuvo en el poder entre 1984 y 1988), durante cuya gestión se perpetraron la mayoría de casos investigados, es la foto del debate en campaña presidencial que mantuvo en televisión con el candidato Borja, su contendiente en la segunda vuelta de hace cuatro décadas. Aparece al pulsar una línea del tiempo en una de las pantallas, bajo el título “Ecuador desde el retorno a la democracia”.

“Hay un vaciamiento político y social, una descontextualización de la problemática central, que es la violación brutal de derechos humanos”, considera Reyes. “Que el gobierno de Febres-Cordero, donde se vivió un paradigma en sentido negativo de estas violaciones, sea invisibilizado junto con sus funcionarios considerados responsables implica una intención expresa por faltar a la verdad o por ocultar un dato histórico”.

El analista dice no tener expectativas sobre una ampliación futura. Una semana antes de la apertura, al igual que a otros representantes de la Mesa nacional de víctimas, funcionarios del ministerio le mostraron un guion museográfico “incompleto” que no aprobó, cuenta.

“Se escucha que la exposición podría estar no solo centralizada en una ciudad, que podría llegar a otras provincias”, comenta Rodrigo Garzón. “El Estado debe ser un facilitador de la memoria y la gestión del museo debe ser participativa. Nos han tomado en cuenta, estamos dispuestos a colaborar en cuanto a objetos, fotografías, porque es un espacio muy importante y necesario; pero lo que nos interesa como familiares de víctimas es la verdad y que se haga justicia”.

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