La informalidad, el juego del gato y el ratón que se vive en la calle
Los vendedores desplazados por la rehabilitación o las multas se toman vías y parques para trabajar. Los enfrentamientos son cotidianos
Entre risas, Lídice Ávila dice que “colecciona” sanciones municipales.
La última, emitida en la calle Rocafuerte mientras ofertaba pastas de dientes, es la cuarta que recibe desde fines de 2019, cuando perdió su trabajo como empleada doméstica y se volcó a la vía para generar ingresos.
“La primera vez solo me pidieron que me mueva, ahora ya hay multas, pero no las puedo pagar. Todo lo que gano es para pagar la casa y la comida. Al Municipio no le importa que no tengamos más opciones, solo que no ensuciemos el centro y que los turistas vuelvan”.
La situación de la venta informal en la capital es crítica, con un promedio de 42.000 comerciante informales, según datos de enero de 2021 de la Agencia de Coordinación Distrital de Comercio (ACDC), y un alza de 21 % que se dio a raíz de la pandemia.
El problema se agrava cuando se realiza un desalojo por temas como denuncias ciudadanas o la rehabilitación de calles, pues los comerciantes no desaparecen, sino que buscan un nuevo espacio donde instalar sus puestos.
En el caso de la calle Loja, en el centro, es justo afuera de las vallas colocadas para evitar su ingreso. En el caso de Las Cuadras, es dentro o en los exteriores del parque.
Se trata, explica Guillermo Maza, director de la Unidad de Seguridad y Gestión de Riesgos de Quitumbe, de un “juego del gato y el ratón” que las autoridades no pueden ganar.
“Se los desaloja, hacemos acciones disuasivas, y al día siguiente regresan”, señala.
La situación también ha provocado encontrones con los vecinos de los nuevos espacios de venta, como explica Betty Tumaille, dirigente de Nueva Aurora, al sur de Quito.
“Nosotros tenemos nuestros propios negocios que nos dan para subsistir. Ellos llegan, se adueñan de la calle, bajan las ventas y encima son violentos”.
Tras numerosas denuncias, en el sector el Cabildo desplegó vallas para bloquear las aceras, y semanalmente un contingente pequeño de agentes patrulla la avenida Julio Andrade.
Hubo, previamente, un intento por solucionar la situación, cuando el Municipio propuso habilitar secciones del nuevo parque de la localidad para que los comerciantes se instalen. La decisión, no obstante, fue recibida por los vecinos con palos y piedras.
“Si los van a reubicar, deben hacerlo en un espacio adecuado, no en un parque regenerado que usamos a diario. No queremos que se convierta en un mercadillo”, dice Tumaille.
Rosa Cuzhupe, dirigente del sector de Las Cuadras, dice que los moradores son más comprensivos, pero reitera que la solución no es la “invasión” del parque de la localidad.
“Entendemos que la gente necesita trabajar, pero ese no es el lugar correcto. El Municipio debe habilitarles un espacio”.
No obstante, Milton Portilla, director de Mercados, Ferias y Plataformas de la ACDC, explica que la reubicación del 100 % de los vendedores es imposible.
“Nosotros solo planteamos esta opción para quienes están regularizados, y aún así, en muchos casos como el de la calle Loja, no obtenemos una respuesta positiva. Hacemos lo que podemos pero es complicado (...) Aspiramos a que al menos el 25 % de los vendedores tenga un puesto digno”.
El Cabildo ha identificado al menos 38 puntos críticos para la venta ambulante en el distrito. Pero las multas, cree Mery Bota, dirigente de la Asocomercio, que agrupa a 223 comerciantes del sur, no son la solución. “No las podemos pagar. Lo que necesitamos son más mercados”.
Comerciantes aguardan una decisión constitucional
Hasta hoy, una decena de participantes en la acción de inconstitucionalidad contra la Ordenanza 321 deberá legitimar su participación en el proceso.
Así lo solicitó el juez sustanciador de la Corte Constitucionalidad Alí Lozada, quien lleva la querella, interpuesta a mediados de 2018.
Con esta decisión, las asociaciones de comerciantes informales esperan revocar la normativa que faculta a los agentes municipales a retirar la mercadería de quienes venden en la calle.
Yohani Zambrano, representante de la Clínica de Litigio del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, indicó que la ordenanza incumple con el derecho al trabajo establecido por la Constitución y atenta contra los derechos humanos de los comerciantes, quienes recurren a esta situación para poder sobrevivir en medio de la crisis.
Ana Lucía Pérez, representante del procurador síndico del Distrito Metropolitano, señaló, en cambio, que la medida es válida y permite controlar la calidad y venta justa de los productos.
Se espera que una resolución se anuncie en las próximas semanas.
