Los infractores se acogen al trabajo comunitario

En la capital existe una larga lista de acciones que son sancionadas por el ente municipal a quienes infrinjan las respectivas ordenanzas. Estas van desde arrojar basura en el espacio público, o hasta la más reciente: el porte de armas blancas en espacios prohibidos.

Sin embargo, existe incumplimientos que suelen ser los más recurrentes en la ciudadanía. Por decir, el consumo y venta de bebidas alcohólicas en espacios públicos, arrojar basura en la vía pública, grafitear paredes, entre otras. Pero ¿se pagan o quedan en una simple sanción?

Para aclarar esta y otras dudas, EXPRESO conversó con Jaime Villacreses, supervisor de la Agencia Metropolitana de Control, entidad del Municipio de Quito que se encarga del proceso administrativo sancionador. Explica que el proceso para sancionar a una persona requiere seguir un procedimiento que está normado y que existen dos mecanismos para cobrar el dinero de la multa.

Primero se detecta al presunto responsable y se solicita información, entre ellas, que señale la dirección donde reside. Si existe negativa del presunto responsable se busca el apoyo de la Policía Nacional. Se emite un acto de inicio y se entrega la notificación donde se incluye el monto de la sanción.

Se abre un plazo de 10 días para que el ciudadano se defienda y luego se emite una resolución. Si se ratifica la sanción, el infractor puede impugnarla. Caso contrario queda en firme. Al tratarse de una multa, su pago es voluntario.

No obstante, si no se realiza en un periodo determinado, se inicia un proceso de coactiva, “donde se puede retener el valor en cuentas bancarias o bienes inmuebles”. Durante el 2021, los funcionarios de la AMC emitieron más de cinco mil sanciones por el incumplimiento de ordenanzas municipales, lo que representa alrededor de $ 6 millones. Pero no significa que ese monto ingresó al Municipio, porque muchas personas optan por acogerse al trabajo comunitario.

De manera general, en la mayoría de casos se calcula en razón de 10 dólares por cada hora de servicio. Lo que se hace es dividir el valor de la multa por 10 dólares y allí saldría cuántas horas de trabajo comunitario debería realizar la persona infractora”, explicó Villacreses. No obstante, si no pagan con trabajo comunitario ni en dinero, estos infractores pueden estar sujetos a multas adicionales por el incumplimiento de la sanción, las mismas que van desde los $ 1.600 hasta los $ 7.000. El funcionario explica que dependiendo la magnitud de la infracción municipal esta prescribe, en cuanto al procedimiento de cobro. Por decir, si es muy grave serían cinco años; grave tres años y, leve un periodo de un año. “Este tiempo de la prescripción se cuenta luego de que la resolución ya no pueda ser impugnada en la vía administrativa”, dice Villacreses.

Este Diario se contactó con el despacho de la Administración General para conocer los montos que el Municipio ha logrado recaudar por el cobro de sanciones o multas relacionadas al incumplimiento de ordenanzas, pero hasta el cierre de este reportaje no se tuvo contestación al pedido de entrevista. 

Para saber

Trabajo comunitario

Datos de la Agencia Metropolitana de Control revelan que durante el 2021, 900 personas se acogieron a pagar sus multas con labor a favor de la ciudad.

Uso de mascarilla

El incumplimiento de esta medida provocó que 567 personas sean sancionadas el pasado año.

Bebidas alcohólicas

El consumo en espacio público es sancionado con el 25 % de un SBU ($ 106). La reincidencia con el doble. 

La cifra 

$ 6 millones representan las sanciones interpuestas por incumplimiento de ordenanzas en 2021.