Irregularidades empañan a tres centros comerciales de Quito: ¿Cuáles son?
Un informe de Contraloría indica que más de 200 locales municipales fueron ocupados sin ser adjudicados
El Proyecto de Modernización y Ordenamiento del Comercio Minorista del Centro Histórico de Quito, creado en 1999, buscaba reducir el comercio autónomo en las calles de la capital con la construcción de centros comerciales populares que ofrecieran plazas para reubicar a los vendedores informales.
Once de estos establecimientos se edificaron desde el 2000 hasta el 2003, y más de veinte años tras su construcción, 76,79% de ellos ha sido transferido mediante escritura pública a sus propietarios. El porcentaje restante de locales es propiedad del Cabildo.
Sin embargo, un examen especial realizado por la Contraloría General del Estado a los centros comerciales populares Hermano Miguel, San Martín y Pasaje Sanguña, halló que en los locales municipales de estos inmuebles existe una serie de irregularidades que ha ocasionado una ocupación ilícita.
El informe, que analiza la situación de los tres centros comerciales entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2023, atravesando las alcaldías de Jorge Yunda, Santiago Guarderas y Pabel Muñoz, halló que la Agencia Metropolitana de Coordinación de Comercio (AMCC) en los tres períodos no contaba con bases de datos actualizadas sobre la adjudicación o arrendamiento de los locales del Cabildo, o que no concluyó adecuadamente el proceso de adjudicación.
Entre los hallazgos más graves que determina el documento, está que 237 locales de los establecimientos están ocupados sin contar con los documentos de adjudicación, arrendamiento o fecha de ocupación de sus actuales usuarios.
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En el CC. Hermano Miguel se reportó la mayor parte de casos, con 157 locales en esta situación.
Las responsabilidades se cuestionan
Según el informe, tras consultar a las tres entidades a cargo del manejo, control e inspección de los centros comerciales: la AMCC, la Dirección Metropolitana de Bienes Inmuebles y la Administración Zonal Manuela Espejo, ninguna asumió responsabilidades sobre la situación.
La distintas partes señalaron que en una mesa de trabajo en 2021 se discutió la situación y se acordó la toma de medidas en base a la entrega de documentación, pero esta no llegó y los controles no se llevaron a cabo.
EXPRESO solicitó una entrevista a la AMCC sobre el estado actual de los locales municipales observados por la entidad de control, pero no se concretó hasta el cierre de esta edición.
En sus conclusiones, no obstante, el informe halló que las gestiones para recuperar esos establecimientos municipales simplemente no se llevaron a cabo.
Adicionalmente, el documento también encontró que numerosos locales, que empezaron el proceso de regularización, no tenían la documentación completa, y pese al cumplimiento de plazos, los negocios continuaron laborando con normalidad.
“Los locales adjudicados no contaron con la regularización debido a la falta de acciones orientadas al control respectivo de las ventas de los locales comerciales, lo que originó que no se remita la información para que se inicie el proceso de exclusión y se puedan recuperar los inmuebles”, señala el documento de la Contraloría.
La falta de normativa es también un problema para la adjudicación de los espacios restantes, pues tras la conclusión del Proyecto de Modernización y Ordenamiento del Comercio Minorista del Centro Histórico, esa legislación no se actualizó.
Con ese fin, en febrero del año pasado la Comisión de Comercialización del Concejo Metropolitano presentó el Proyecto de Ordenanza que Establece el Procedimiento de Adjudicación y Venta de Locales Comerciales, Locales Ancla, Bodegas y Parqueaderos de los Centros Comerciales Populares del DMQ, que ha venido trabajando junto a los comerciantes. En septiembre de 2024, se aprobó el informe para el primer debate.
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Perjuicio al municipio de $44,892.50
La contraloría también halló que, pese a no haber sido adjudicados o arrendados, los representantes del centro comercial San Martín cobraron montos de arrendamiento por los parqueaderos y bodegas del lugar a terceros, generando ganancias por $44,892.50, que pertenecían legalmente al municipio de Quito.
Según la entidad, en el periodo analizado por el examen especial, se evidenció que la situación fue posible y no se reportó por una falta de controles e inspecciones al inmueble.
