Quito: Una ley debe revisarse para cantonizar el valle

El debate está abierto. Ciudadanos, reunidos en una Junta Cívica, quieren crear un nuevo cantón, que se llamaría Ilaló o Tumbaco, con una extensión de 605 kilómetros cuadrados y 248.000 habitantes. ¿Pero cuán viable es su pretensión de separarse de Quito? ¿Y a quiénes representan?

Seis exalcaldes han rechazado la iniciativa. “El retaceo de territorios no ha generado mejoras en la inversión y en la obra pública. Ha aumentado la burocracia”, sostienen Paco Moncayo, Augusto Barrera, Roque Sevilla, Andrés Vallejo, Mauricio Rodas y Santiago Guarderas.

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Para Barrera, estudioso del desarrollo de ciudades, se debe tomar en cuenta la existencia de la Ley Orgánica de Régimen del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ). En ella, subraya el exalcalde, se establecen una serie de características, se delimita su territorio y se indica que será administrado bajo un régimen especial como Distrito. Tanto en la Constitución del 2008 como en el Código Orgánico de Desarrollo Territorial (Cootad) se plantea explícitamente que de ningún modo es posible afectar esos elementos.

Al respecto, la abogada Karina Tello dice que hay un proceso inconcluso.

Con la Constitución del 2008 se crearon tres regímenes especiales: Galápagos, circunscripciones de pueblos indígenas, afros y montubios, y los distritos metropolitanos, apunta la directora de posgrados en Jurisprudencia de la Universidad Central. En el caso de Quito, explica, la disposición general séptima del Cootad establece que la Ley del DMQ, que cumple la función de declaración de creación y de delimitación geográfica, está vigente. Pero es necesario completar el proceso de distritalización con la elaboración del estatuto de autonomía, que debe pasar por la Corte Constitucional y la consulta popular.

La capital no cuenta con su estatuto.

El alcalde y los concejales deberían preocuparse por cerrar el proceso. “Quito no es un cantón, no puede ser fragmentado. La ley ampara su unidad territorial”, dice Barrera, para quien habría que hacer una reforma al marco jurídico vigente. También recuerda que la Junta Cívica tiende demandas legítimas como las del sur de la urbe. Pero es una “organización paralela”, por sobre las juntas parroquiales.

La Junta Cívica procantonización del valle del Ilaló intenta agrupar a Nayón, Cumbayá, Pifo, Puembo, Tumbaco, Yaruquí, Tababela, Checa y El Quinche. Esas parroquias rurales son gobiernos autónomos descentralizados (GAD), con presidentes elegidos por la comunidad.

Así, Carlos Olmedo, presidente del GAD de Pifo, comentó que la propuesta le parece “interesante pero un poco irreal. Me socializaron la idea. Cuando les expresé mi opinión, me dijeron que no era mi decisión, sino de la Junta Cívica”.

En Pifo viven unas 26 mil personas, 30 mil con la población flotante. “La propuesta no contiene datos correctos. Uno de los argumentos para separarnos de Quito sería que en los barrios de Pifo no hay agua ni alcantarillado y están equivocados. Acá no nos falta agua”.

Además, Olmedo anota que empresas grandes de Pichincha están en Pifo. “¿Qué harán con el aeropuerto?”, se pregunta.

Jorge Simba preside la Junta Administradora del Agua, que desde 1995 atiende a 8.000 usuarios en Pifo. “Traemos agua desde el páramo, 20 kilómetros arriba de Pifo”, cuenta.

Él coincide en que reciben una pésima atención del Municipio, pero le parece que quienes forman la Junta están equivocados. “Independizarnos no es el camino y no es sencillo”.

Otra es la visión de Juan Fernando Serrano, presidente de la Junta Cívica del valle del Ilaló. Evita decir que buscan independizarse. “Solo queremos separarnos”, aclara. ¿Ya no serían quiteños? Él responde que sí, pero que durante 14 de 58 años ha vivido en el valle.

No acepta la posición de los exalcaldes y les pregunta cuál fue su cuota política para que Quito sume tanta burocracia. El camino, dice, es ir a una consulta popular y que en las parroquias involucradas respondan.

¿A quiénes representa la Junta Cívica?

Serrano acepta que no se han sumado necesariamente los presidentes de las juntas parroquiales. “No son la última voz de las parroquias”.

Si lograran concretar la cantonización de Ilaló o Tumbaco, Serrano adelanta que habría una fase de transición, hasta contar con un relleno sanitario nuevo, “como el de Samborondón”. La dotación de agua potable se mantendría igual y una serie de servicios. “Al final los hemos pagado, no han sido gratis”.

Sobre el aeropuerto, dice que hay un contrato con el DMQ. “Habrá que respetar los acuerdos. Pero el predio sí pasaría al catastro del nuevo municipio”.

El concejal rural de Quito Michael Aulestia pide recordar que las 33 parroquias del Distrito tienen su propio GAD; “sus presupuestos no deben usarse para las fiestas”.

En los últimos 10 años, el Municipio ha invertido en obra pública en Tumbaco, “por ejemplo en la Ruta Viva, en la zona de Tababela, en el aeropuerto, en la vía Interoceánica que conecta el túnel Guayasamín con ese valle. Por eso, los predios han ganado un plus”, explica.

Aulestia reflexiona: “El recurso no aparecerá mágicamente si se convierten en cantón. El Estado está casi quebrado. En agosto, a Quito el Gobierno le deberá 100 millones de dólares. El debate debe ser sobre el modelo de ciudad que requerimos, sostenibilidad financiera y priorización de obras”.

Calderón presentó su iniciativa

La parroquia de Calderón, ubicada en el extremo norte de Quito, también fue una de las localidades que presentaron una iniciativa de cantonización.

La parroquia es la más grande del Ecuador, con 500.000 habitantes. Mercedes Luque, presidenta de esa Junta Parroquial, cree que el análisis “debería ser otro, yo lo veo como una propuesta política. Acá, en época de elecciones se suele hablar de cantonizar Calderón”, argumenta.

Luque pide pensar en la sustentabilidad del nuevo cantón. ¿Qué harán con los desechos sólidos? La representante sugiere revisar las falencias de lo que ha sido la cantonización de Rumiñahui y Mejía, “que piden apoyo a Quito”.

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