Licencias de funcionamiento son un ‘saludo a la bandera’

Desorden territorial, negocios por doquier y falta de control es lo que denuncian los moradores de diferentes sectores de Quito, ante la presencia indiscriminada de locales comerciales que hoy en día se asientan en lo que, por años, los vecinos conocían como residenciales.

Este es el caso de la Real Audiencia, en el norte de la capital. Tras la pandemia, las fachadas de las viviendas cambiaron por la de locales comerciales enormes. Así lo afirma Mayra Utreras, habitante de hace más de tres décadas. Según la mujer, el uso de suelo en este sitio no da para que existan bares y discotecas, pero pese a ello “cada quien ha hecho lo que ha querido y las autoridades no han hecho nada, más allá de emitir licencias de funcionamiento”.

Ella recuerda que este era un lugar tranquilo para convivir y máximo existían tiendas, bazares, micromercados y hasta restaurantes pequeños, pero tras la llegada de grandes negocios el lugar es invivible.

“No entendemos cómo es que funcionan discotecas o bares si el uso del suelo de la zona no lo permite”, inquiere Utreras.

Similares quejas se dan en la avenida República de El Salvador, Eloy Alfaro y Whymper, donde el malestar por la emisión de licencias de funcionamiento para la operatividad de locales de distracción nocturna no cesan, según los vecinos.

Paola Burbano, presidenta del comité promejoras de esta zona, asegura que por años este era un espacio apto solo para viviendas y hasta oficinas, pero que en la pandemia se hizo un cambio inesperado del uso de suelo para dar espacio a negocios nocturnos. Según ella, fue entonces cuando la vida de los moradores se tornó tortuosa, molesta e insegura. “Frente al colegio Benalcázar existe un bar y una discoteca. En los alrededores hay otros iguales y restaurantes donde se expende licor por montones. Hay música en vivo y la bulla es insoportable, a tal punto que no se puede ni descansar. Esto conlleva que haya riñas, robos y hasta casos mayores. La reactivación económica no solo se basa en otorgar licencias de funcionamiento a costa del malestar y del mal vivir de la gente que tenemos nuestras viviendas en la zona. Exigimos que se revoquen esas licencias porque esto es una zona residencial”.

José Morales, secretario de la cartera de Territorio, Hábitat y Vivienda del Municipio, aclara que en Quito no existen zonas netamente residenciales, ya que hay una categorización desde la más simple, en donde se permiten tiendas hasta discotecas y otra donde tienen espacio los sectores industriales. Todo depende de la densidad poblacional de la zona y de las exigencias que tenga cada una.

“Lo que es mal utilizado no es el uso del suelo, sino las licencias que se emiten, las mismas que deben ser compatibles con ese uso de suelo. Hemos encontrado que desde hace una década se ha permitido el mal uso de estos permisos y tampoco ha existido control. Ha habido muchos abusos, incluso hemos detectado que se hacían operativos en días donde no existía movimiento como los martes, cuando la fiesta empieza jueves, viernes, sábado”, aclara el funcionario municipal.

Sobre el ruido que se genera, también advierte que se coordinará mayor rigurosidad en los controles que realice la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y la Secretaría de Ambiente, para exigir que estos establecimientos tomen medidas para insonorizar sus locales y permitir que los residentes aledaños lleven una buena condición de vida.

A través de información a la que tuvo acceso este medio, se conoció que en la República de El Salvador está permitido el funcionamiento de bares y discotecas, incluso en todos los alrededores de La Carolina, ya que es considerada una zona de uso múltiple. Desde el Cabildo se afirmó que debido a esto no tendrían mayor trascendencia las quejas ciudadanas.

En el caso de la Whymper es una zona residencial con compatibilidad de uso de suelo tipo 4; es decir, las licencias se emiten para restaurantes, pero en la práctica son bares y debido al vacío legal que existe no se puede realizar un control, porque en la normativa vigente no se diferencia entre un bar y restaurante, no existe distinción de horarios, ni cuánto licor es permitido vender por mesa; por ende, la AMC desconoce cómo hacer el control al respecto, indicó un funcionario. En la Real Audiencia, en cambio, la norma indica que no se permite la presencia de bares y discotecas, pero pese a ello existen y siguen funcionando.

El secretario de Hábitat y Vivienda, por su parte, se comprometió a realizar un control más profundo, así como a exigir que en estos espacios se dé paso a la implementación de normas que ayuden a insonorizar los negocios, reducir el número de parqueaderos a los alrededores para que no se genere congestión e impulsar mayor presencia para garantizar que las licencias se utilicen conforme dicta la norma “y no que se haga sobre la base de una a la carta, como se ha hecho en administraciones anteriores”.