Quito

Parada buses
Documento. El contrato con Sarmiento S.A. se firmó en 2018 por una duración de 10 años.JOSÉ DANIEL ACOSTA

El litigio entre Sarmiento y el Municipio de Quito regresa a la capital

Una jueza de Guayaquil se inhibió de conocer el expediente. La empresa presentó dos acciones la madrugada del domingo

Pasadas las 15:00 de este martes 13 de septiembre de 2022 se reinstaló en Guayaquil la audiencia por las dos acciones de protección interpuestas por Sarmiento Publicidad en contra del Municipio de Quito.

Entre ambas existe una disputa que se radicó inicialmente en Guayaquil. Sarmiento tenía un contrato para la instalación de más de 400 paradas de buses a cambio de la colocación de publicidad. El Municipio declaró la terminación del contrato. La diligencia se reinstaló en la Unidad Judicial Norte 2, y estuvo a cargo de la jueza Nelly Parrales. 

Durante la audiencia realizada el pasado lunes, la defensa del Municipio dijo que con la terminación unilateral del contrato con Publicidad Sarmiento por adeudar alrededor de 11,2 millones de dólares se hicieron actos administrativos sobre la supuesta ausencia de licencias correspondientes en elementos publicitarios que no los poseen. 

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En un comunicado, el Municipio indicó que la defensa informó a la jueza que, de acuerdo con información pública, el domicilio de Publicidad Sarmiento es en Quito, así como los hechos que se ventilan. 

El representante de la Procuraduría, Jaime Cevallos, reiteró que el tema debería sustanciarse en la capital y no en Guayaquil. En anuncios públicos pasados, la empresa Sarmiento había señalado que sus representantes participaron de mesas de diálogo con delegados del Municipio, pero no hubo acuerdos. El Cabildo reclama 11,2 millones por el no pago de arrendamiento y multas por explotación de publicidad a cambio de la instalación de 414 refugios de parada, 309 refugios de parada simple, asociados a un mupi y 105 paradas dobles.

Y la jueza Parrales acogió los argumentos de la defensa del municipio capitalino y se inhibió de conocer la causa. El expediente será remitido a Quito para su sorteo y sustanciación pues el domicilio de la empresa y los actos administrativos impugnados también tienen efecto en Quito.

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Carolina Pantoja, subprocuradora de Patrocinio del Municipio calificó como una victoria lo resuelto por la jueza. "Es demostrar todo el tema de ilegalidades que Sarmiento ha venido manejando con la justicia. Ellos continúan explotando la publicidad, no tienen un contrato y no están cancelando absolutamente nada por la utilización de esos espacios”, dijo.

Tras la terminación unilateral del contrato con Sarmiento por adeudar 11,2 millones de dólares al Municipio del Distrito Metropolitano, la empresa interpuso en Guayaquil dos acciones de protección la madrugada del domingo 4 de septiembre, en la Unidad de Flagrancia en donde los sorteos son manuales, señala el Municipio

Según la comunicación oficial, la decisión de la jueza "determina que los actos administrativos que realizó la Agencia Metropolitana de Control fueron legales, bien motivados y sustentados, de tal manera que se continuará con las sanciones administrativas por cuanto los mensajes -ubicados por Sarmiento- son un abuso al derecho que ellos dicen tener".

El Cabildo informó que los elementos publicitarios de Sarmiento están sujetos a autorizaciones administrativas y lo que se busca es proteger el interés general. "Ellos emiten mensajes a la ciudadanía en el espacio público que pueden causar miedo, alarma, alboroto o desorden público", reseña.

En la diligencia se habría establecido una sanción a los abogados  de la empresa Sarmiento por las acciones de protección ingresadas a las 01:50 y la otra a las 02:05. El monto de la deuda de Sarmiento sería por el no pago del canon de arrendamiento y multas por explotación de publicidad a cambio de la instalación 414 refugios de parada, 309 refugios de parada simple, asociados a un mupi (parante de publicidad) y 105 paradas dobles.

El canon de concesión anual se fijó en 1’267 126 dólares, por 10 años plazo a partir de la firma del contrato celebrado en el 2018.