Quito: Masiva denuncia por estafa de un consorcio inmobiliario

La empresa Compañía y Consorcio Inmobiliario C&P anteriormente funcionaba en el sector de La Santiago, sur de la ciudad. Después se trasladaron a La Magdalena. Actualmente las oficinas están vacías y no se logra contactar a sus vendedores ni a los directivos.

Álex, con la esperanza de construir un hogar para él y su familia, depositó $ 1.500 en septiembre de 2022 por un terreno de 98 metros cuadrados en la av. Rumichacha, en Quitumbe, sur de Quito. 

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Su sueño se vio truncado cuando la empresa Consorcio Inmobiliario C&P, participante en la feria anual de vivienda del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), dejó de responder llamadas, abandonó sus oficinas y eliminó todo rastro de las redes sociales.

Álex no está solo. Más de treinta familias comparten su amarga experiencia. Todos ellos habrían depositado dinero en la cuenta de Jéssica Cuenca, supuesta propietaria del consorcio, con la ilusión de tener un techo propio.

Contratos firmados, recibos de pagos y mensajes de texto son las únicas pruebas que les quedan de un sueño que se desvanece. Las treinta familias afectadas exigen respuestas a las autoridades, mencionan que la empresa ya ha tenido varias denuncias por estafas.

Álex, quien aún vive en la casa de sus padres, pide que se investigue a fondo este caso y se sancione a los responsables.

Además exige respuestas al BIESS. Según las investigaciones que realizaron, este consorcio entregó documentación falsa. Su hermano también invirtió $ 500 en el proyecto. Ahora ambos temen perder su dinero y la esperanza de tener un hogar.

Las víctimas se preguntan cómo una empresa con presuntas irregularidades en sus permisos pudo participar durante más de tres años en las ferias del BIESS. Cristina, otra de las afectadas, mencionó a EXPRESO que desde diciembre no le contestan las llamadas. Es la primera vez que invierte y está decepcionada.

En su caso entregó 500 dólares para una casa en Quitumbe, dice que otros han invertido más dinero. Las familias afectadas, que por temor a represalias no quisieron ser identificadas, aseguraron que ya existen casos de amenazas.

Este Diario intentó contactarse con la empresa pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo ninguna respuesta

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