Médico es sentenciado a tres años de prisión por mala práctica en Quito
La víctima falleció tras el procedimiento ginecológico realizado
La Sala de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha sentenció al médico general Fernando a tres años de prisión por el delito de homicidio culposo por mala práctica médica, tras revertir un fallo previo que lo había declarado inocente.
El caso se remonta al 27 de mayo de 2020, cuando el médico realizó un procedimiento ginecológico a una paciente, a pesar de no contar con la especialización requerida. Durante el procedimiento, el acusado utilizó pinzas quirúrgicas que provocaron perforaciones en el útero de la víctima, lo que derivó en su traslado al hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el sur de Quito.
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Negligencia en procedimiento quirúrgico
Los médicos del hospital identificaron rastros de un proceso abortivo y se vieron obligados a retirar el útero de la paciente. Sin embargo, tras dieciséis horas de intervención, la mujer falleció.
Inicialmente, la Fiscalía acusó a Fernando por el delito de aborto con muerte, pero el Tribunal Penal determinó que no existían pruebas suficientes para comprobar que la víctima estuviera embarazada. No obstante, la Fiscalía presentó un testigo que afirmó que el propio acusado le había confesado haber practicado un aborto a la paciente.
Ante la declaración de inocencia en primera instancia, la Fiscalía apeló la decisión con el argumento de que el procedimiento de legrado debía ser realizado por un ginecólogo y no por un médico general. Además, señaló que Fernando actuó con imprudencia, impericia y negligencia al ejecutar la intervención en un entorno inapropiado y sin la debida preparación.
La corte acogió el recurso de apelación y, tras evaluar las pruebas presentadas, condenó al médico a la pena máxima de tres años de prisión establecida en el primer inciso del artículo correspondiente del Código Orgánico Integral Penal (COIP) para el delito de homicidio culposo por mala práctica profesional. Además, el acusado deberá pagar una multa equivalente a diez salarios básicos unificados y una reparación integral de 5.000 dólares a los familiares de la víctima.
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