Quito: En un mes definirían las zonas de tolerancia
Un juez dispuso que el Municipio establezca un lugar para esta actividad. Asociación pide regularizar establecimientos
Una reforma al Plan de uso y gestión del suelo (PUGS), que es responsabilidad del Concejo Metropolitano, permitiría, según María Belén Proaño, secretaria de Inclusión del Municipio de Quito, determinar un lugar “adecuado para que las trabajadoras sexuales ejerzan su actividad” con parámetros de seguridad, higiene y salud, como lo dispone la acción de protección otorgada por un juez en marzo de 2023.
De acuerdo con la planificación de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, la reforma se aprobaría en un mes.
El Concejo Metropolitano tratará esta actividad como parte del ordenamiento de la ciudad con un antecedente: el alcalde Pabel Muñoz señaló -durante la única mención pública que hizo sobre la acción de protección, en julio de 2023- como un error grave el “haber reubicado a las trabajadoras sexuales en La Cantera (sector de San Roque entre el 2006 y 2015), fue lo peor que se pudo haber hecho, no lo volveremos a cometer”.
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Nelly Hernández, dirigente de la Asociación ‘Visión para el futuro’, al referirse al tema menciona que “le dije al alcalde, del centro no vamos a salir y cree que ella y sus compañeras están “estancadas“ en el tema. Esto porque aún el Municipio no da a conocer un plan integral de regularización de su actividad, como se dispuso en dicha acción de protección.
A decir de la titular de Inclusión del Cabildo, la actual administración retomó la comunicación con Hernández, tras el “quiebre” de relaciones que la Alcaldía anterior tuvo con varias asociaciones. Asegura que “el reconocimiento del trabajo sexual como una actividad laboral estará amparado en las decisiones que tomaremos para dignificarlo” y señala que en las mesas de diálogo para avanzar en la elaboración del plan “consideramos que es un trabajo como cualquier otro”.
Para el investigador Marco Panchi -que ha tratado el tema del trabajo sexual desde 2015- la actividad no se trata de un empleo cualquiera. “Sin duda alguna es un trabajo, tiene que ser reconocido, sus asociaciones tienen que ser apoyadas, pero es importante que el Municipio entienda cuáles son las condiciones en las que se desarrolla, las formas de violencia estructural o de género que lo atraviesan”, sostiene el especialista.
La informalidad persiste
El equipo de la Secretaría de Inclusión encuestó a 266 mujeres agrupadas en dos organizaciones y entrevistó a dirigentes de cuatro asociaciones en 2023. Los resultados aún no se han publicado.
Sin embargo, Proaño muestra algunas cifras: el 73,7 % de trabajadoras dijo que “la razón para optar por el trabajo sexual es por voluntad propia”. Panchi lo explica así: “no es que un día ellas se levantaron y dijeron ‘voy a ser trabajadora sexual’. Hay una serie de condiciones sociales, económicas, geográficas, de violencia y accesos a oportunidades que construyen el escenario para que hayan visto esto como una opción válida en sus vidas”.
La “falta de oportunidades” fue la razón que impulsó a un 35,5 % de personas a ejercer esta actividad, mientras que el 8,6 % respondió que “alguien las obligó”. El 90,9 % son ecuatorianas, “la mayoría proviene de Manabí o Guayas y las de Pichincha son muy pocas, el 16 %”, menciona Proaño. Otro 8,1% nació en Colombia y un 0,5% en Venezuela.
En el Centro Histórico las trabajadoras sexuales ocupan pasajes peatonales como el final de la calle Flores, a la vuelta del Teatro Nacional Sucre o en la esquina de las calles Esmeraldas y Guayaquil. Incluso, los domingos suelen replegarse tras el centro comercial Gran Pasaje, en la calle Vargas, siempre cerca de los hostales como La Casona. Para las que ocupan la Plaza de Santo Domingo, el hostal es El Paraíso Quiteño.
Hernández señala que “el Municipio está en su prórroga para establecer las garantías; si no nos permiten trabajar en los hostales lo haríamos hasta en la calle”. Ella, tras 24 años de ejercer esta actividad, cuenta que se han registrado 68 femicidios cuyas víctimas fueron sus colegas. Muchos de esos crímenes no han salido a la luz porque fueron “ocultados por la vergüenza de las familias”, asegura.
En el barrio La Mariscal también se ejerce el trabajo sexual en hostales, en los bajos del puente de El Guambra, en las avenidas Pérez Guerrero y 18 de Septiembre.
No habrá carné
El alcalde descartó que se vaya a entregar un nuevo carné para el trabajo sexual, hace un año: “si muchas de ellas llegaron a ese trabajo por una situación de desesperación, no les puedes plantear un registro sin cuidar su privacidad” frente a sus familias (el 81,6 % tiene más de un hijo).
En eso coinciden Proaño y Panchi. Y también en que “no hay ningún estudio serio ni datos científicos que establezcan una relación de causalidad o vínculo entre el trabajo sexual y las condiciones de inseguridad”. Las sexoservidoras suelen ser víctimas de delitos, no sus autoras.
El Concejo Metropolitano deberá fijar una fecha en la que, eventualmente, podría definir la zona para esta actividad que prevalece en el centro.
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